
El Gobierno va a la Corte Suprema para frenar la emergencia en discapacidad
El Ejecutivo cuestiona el impacto económico de la norma y advierte que su aplicación compromete el sistema de seguridad social y otras áreas clave.

El Ejecutivo cuestiona el impacto económico de la norma y advierte que su aplicación compromete el sistema de seguridad social y otras áreas clave.

El juez Adrián González Charvay determinó que la norma deberá estar en plena ejecución a partir del 4 de febrero.

Así, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín deberá revisar la medida firmada por el juez Adrián González Charvay.

La norma había sido aprobada por el Congreso, y luego suspendida por una decisión del Presidente.

La Emergencia en Discapacidad regirá hasta 2026, pero su puesta en marcha efectiva sigue atada a la decisión del Congreso.

La presentación judicial reclama que el Gobierno cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad sin dilaciones y advierte que desconocer la decisión del Congreso pondría en riesgo derechos fundamentales y la vigencia del Estado de Derecho.

Con una amplia mayoría, la Cámara alta dejó sin efecto el veto presidencial. Se trata del primer veto que el Congreso anula al gobierno libertario.

El Senado ratificó ayer la Ley de Emergencia en Discapacidad: será para regularizar deudas históricas con prestadores del sistema de salud y garantizar una actualización mensual de aranceles.

Fue con 63 votos a favor y solo 7 en contra. Diputados ya había tomado la misma decisión. Ahora, el Gobierno analiza una medida judicial.

La sesión continúa con el debate sobre la impugnación presidencial a la sanción del aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y la ayuda a Bahía Blanca.

El Juzgado Federal de Campana declaró inconstitucional la medida presidencial, en respuesta a la presentación hecha por una familia con dos hijos con discapacidad.

El Ejecutivo calculó que las normas generaban un costo adicional de más de $7 billones en 2025 y cerca de $17 billones en 2026, lo que equivale al 0,90 % y 1,68 % del PBI, respectivamente. Según el decreto, estos montos "dificultarían el cumplimient ...