El Gobierno va a la Corte Suprema para frenar la emergencia en discapacidad
El Ejecutivo cuestiona el impacto económico de la norma y advierte que su aplicación compromete el sistema de seguridad social y otras áreas clave.
El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema con el objetivo de suspender la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso. La presentación, realizada a través de la Procuración del Tesoro, sostiene que la norma genera un impacto fiscal significativo y plantea un escenario de "gravedad institucional".
En el escrito, el Ejecutivo argumenta que la decisión judicial previa que habilitó la aplicación de la ley obliga al Estado a afrontar gastos sin financiamiento previsto, en contradicción con la normativa vigente en materia presupuestaria. Según el planteo oficial, esta situación pone en tensión la sostenibilidad de las cuentas públicas y afecta el funcionamiento del sistema de seguridad social.
Además, advierte que el alcance nacional del proceso y la implementación de la ley en las condiciones actuales podrían comprometer recursos destinados a áreas consideradas críticas.
El conflicto tiene origen en un reclamo colectivo iniciado en el partido bonaerense de San Martín, que derivó en una resolución judicial favorable a la aplicación de la normativa. Frente a ese escenario, el Gobierno decidió acudir directamente al máximo tribunal para intentar revertir sus efectos.
En paralelo, el Ejecutivo impulsa modificaciones al régimen vigente mediante un proyecto de ley que apunta a redefinir el sistema de pensiones por discapacidad. La iniciativa propone un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios, quienes deberán volver a acreditar su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales bajo apercibimiento de suspensión del beneficio.
El nuevo esquema también prevé controles cruzados con organismos estatales como ANSES y otros registros administrativos. Ante inconsistencias o dudas, habilita la suspensión preventiva de las prestaciones.
En materia de ingresos, el proyecto fija el monto de las pensiones no contributivas en el 70% del haber mínimo jubilatorio y modifica el mecanismo de actualización, que pasaría a ser trimestral o ajustado por inflación en caso de demoras.
Otro de los puntos centrales establece la incompatibilidad entre la percepción de la pensión y el empleo formal, lo que implicaría la pérdida automática del beneficio para quienes se encuentren registrados laboralmente.
La propuesta también redefine el esquema de financiamiento y habilita acuerdos entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la administración de fondos, con cambios en el sistema de prestaciones y en la negociación con obras sociales y prepagas.
