
Comienza el pago de salarios para empleados públicos provinciales
Arranca el mes de junio y los trabajadores de la administración pública tendrán depositados sus haberes, de acuerdo a su categoría de activo o pasivo.

Arranca el mes de junio y los trabajadores de la administración pública tendrán depositados sus haberes, de acuerdo a su categoría de activo o pasivo.

El acuerdo fue firmado en el Ministerio de Capital Humano, luego de varias negociaciones orientadas a corregir el desfasaje salarial de los trabajadores.

Esta iniciativa busca reforzar las medidas, especialmente ante la temporada invernal, cuidando la salud de quienes diariamente brindan servicios a la comunidad.

Equivale al 50% del mejor sueldo percibido durante el primer semestre y corresponde tanto a empleados en relación de dependencia como a jubilados y pensionados del sistema previsional.

La medida de fuerza se plantea en defensa del salario, de la negociación colectiva y de derechos fundamentales que hoy se encuentran en retroceso.

Desde la Comuna señalaron que el beneficio se abonará, como es habitual, a través de la tarjeta Tuya recargable, para todos los beneficiarios.

El mecanismo permite que empleados del organismo acuerden la finalización definitiva de su relación laboral por mutuo acuerdo.

Las últimas medidas se suma a un contexto ya crítico, marcado por el congelamiento salarial, la pérdida sostenida del poder adquisitivo y la progresiva quita de derechos adquiridos.

El gremio trabajó este año con problemas laborales, pedidos de traslados, acompañamiento ante sumarios, situaciones de violencia laboral, dando asesoramiento gremial y jurídico a todo trabajador afiliado que lo requiera, entre otros temas.

Desde el gremio remarcaron que "la situación salarial es crítica y que la recomposición es urgente para frenar el deterioro del poder adquisitivo".

Trabajadores de Salud Pública concretan una medida de fuerza, con el objetivo de reclamar mejoras laborales y salariales. Aseguran que la situación es insostenible.

El proyecto propone declarar la Emergencia Salarial por el plazo de 12 meses, con el objetivo de restablecer la suficiencia y razonabilidad de los ingresos estatales.