¿De cuánto es el sueldo de un ministro del Superior Tribunal de Justicia?
El último recibo marca que ronda los dos millones de pesos. Además cuentan con beneficios que el ciudadano "común" no tiene.
En un contexto de crisis económica y en una de las provincias más pobres del país como lo es Chaco, autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ) acceden a una serie de beneficios definidos por el propio sector, entre ellos, la exención del impuesto a las ganancias.
Con sueldos que superan los $2.000.000 netos y con beneficios que implican una amplia cobertura en materia de gastos como telefonía y transporte en autos de alta gama, la distancia entre los ciudadanos comunes y quienes acceden al poder se torna cada vez mayor y evidente.
Por ejemplo, en el caso del presidente del STJ, Víctor Del Río, el último recibo de sueldo disponible informa un monto neto que asciende a $2.113.177,36.
Por su parte, el ministro Alberto Mario Modi recibe $2.050.873,92, y su par, Néstor Enrique Varela, unos $2.019.881,77.
En cuanto a las dos mujeres que conforman el STJ, la ministra Emilia María Valle percibe $1.979.094,85, mientras que Iride María Grillo llega a los $1.947.231,59.
Otro dato no menor es la recaudación a la que accede el Poder Judicial mediante la aplicación de tasas, aumentadas por la Legislatura recientemente.
Dicha recaudación es distribuida hacia los sueldos de los trabajadores judiciales, incluidos los jueces. Esto significa que este último miércoles, a pedido de los ministros del STJ, recibieron lo que podría considerarse un "aumento salarial encubierto".
Mientras que, a modo comparativo y con datos de hoy, los salarios de los trabajadores argentinos perdieron un 24% de poder de compra en los últimos cuatro meses, superando el piso mínimo de la convertibilidad, que fue del 20%.
Otro dato relevante es que, hasta 2023, el 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI) fue destinado a sostener beneficios fiscales, entre ellos, los que corresponden al Poder Judicial con la exención del impuesto a las ganancias a jueces y funcionarios de los Poderes Judiciales nacional y provinciales que hayan sido nombrados antes de 2017.
La decisión implica un privilegio en beneficio del sector judicial frente al resto de la población.
Si bien la Constitución Nacional define que es competencia del Congreso la imposición de contribuciones, a diferencia de los jueces y juezas, las personas que quieran estar exentas del impuesto a las ganancias deben presentar una causa judicial y obtener la declaración de inconstitucionalidad de la norma que regula el impuesto hasta llegar a una sentencia favorable, proceso que puede demorar años.
¿Por qué la mayoría de jueces y funcionarios judiciales no pagan Ganancias?
Esta discusión lleva varias décadas y atraviesa la historia argentina, ya que en 1936 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo en el que declaró la inconstitucionalidad del impuesto que gravaba el sueldo de los jueces federales, mientras que en 1973 se sancionó la Ley Nº 20.628, que contemplaba que jueces y juezas quedaban exentos del pago de Ganancias por sus salarios y jubilaciones.
Sin embargo, en 1996, el Congreso sancionó la Ley Nº 24.631 y derogó esas exenciones. La medida no fue acatada por el sector, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Acordada N° 20/96 que declaró inaplicable la derogación.
Ya en 2016 se extendió esa Acordada a magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, pero dejando afuera a quienes hubieran sido nombrados a partir del año 2017.
Los recibos de sueldo de los ministros del STJ
La información, de acceso público, está disponible en el sitio web del Poder Judicial del Chaco.
