Sociedad | Elida Cuesta | Poder Legislativo

Un 69% de trabajadores denunció maltrato psíquico y social

Desde 2016.

La Oficina Interdisciplinaria para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral Beatriz Vásquez, del Poder Legislativo, elaboró mediante su observatorio asesor y de seguimiento, los datos estadísticos oficiales sobre las consultas y denuncias de trabajadores de toda la provincia.

Instituida por la Ley N° 2023-A y puesta en funcionamiento por la presidenta Elida Cuesta, la Oficina realizó un informe pormenorizado de los siguientes períodos: en 2016 hubo un 4% de denuncias (septiembre-diciembre), mientras que en 2017 tuvo un ascenso del 43% (febrero- diciembre), en 2018 tuvo un máximo de 47% (febrero-diciembre) y en lo que va de 2019 un 7% (febrero-abril).

En cuanto al porcentaje de los trabajadores y trabajadoras denunciantes, un 88% pertenece a la planta permanente y un 12% al personal transitorio. Asimismo, de acuerdo al género, el mayor porcentaje de denuncias es de mujeres (78%) y un 22% de hombres.

TE PUEDE INTERESAR: Crece el trabajo en negro y el desempleo

Por otro lado, los informes de la Oficina detallan el porcentaje de los modos en que se manifiesta la violencia laboral en la administración pública, nombrando que el maltrato psíquico y social se dio en un 69%, el acoso psicológico en un 12%, la discriminación en un 9%, el maltrato físico en un 7%, el acoso sexual en un 2% y la inequidad salarial en un 2%.

Además, los porcentajes detectan que la violencia descendente, que significa que quien la ejerce es una persona que detenta un cargo jerárquico, es un 70%; la violencia ascendente, de una persona con un cargo o jerarquía inferior respecto a la víctima, tomado por trabajadores que ejercieron la violencia contra su jefe, en un 12%. Finalmente, la forma horizontal tuvo un 18% de denuncias, situación que se da cuando existe el acoso por parte de compañeros de trabajo en situación de paridad o igualdad en cuanto a su jerarquía.

Los casos también presentaron repercusiones en la salud (54%) y el trabajo (51%), que evidenciaron traslados y sanciones injustificadas, afectación de la carrera administrativa, ausentismo laboral, pedidos de licencia, retiros voluntarios, exclusión, segregación y aislamiento de las víctimas.

Dejá tu comentario