La decisión forma parte de la reestructuración de los medios estatales y del plan de reducción del gasto público. Desde el Ejecutivo aclararon que el canal no puede ser privatizado por impedimentos legales vigentes.
Según el Gobierno nacional, se trata de un acuerdo comercial que permitirá garantizar el acceso gratuito sin utilizar fondos provenientes de los impuestos.
Con esta definición, se rompe una tradición de 52 años en la pantalla nacional. El argumento oficial es económico: la compra de los derechos demandaba un gasto de siete millones de dólares.
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