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Proyectos sobre Secheep se tratarán en otra sesión

Sobre la auditoría a la empresa y la bonificación por Cargo Específico.

Este miércoles ingresaron a la Legislatura los expedientes Nº 98 y 99 del Poder Ejecutivo, dirigidos a la presidenta del Poder, en los que el gobernador Domingo Peppo remitió los vetos a las sanciones legislativas que propician, por un lado, la auditoría a la empresa Secheep, y en segundo término, la bonificación al Cargo Específico. Ambos fueron puestos a consideración y, tras un extenso debate en el Recinto de Sesiones, pasaron a Comisiones, con preferencia para una sesión.

Haciendo uso de las facultades conferidas constitucionalmente, Peppo fundamentó el veto a la sanción legislativa 2991-A de auditoría externa a la empresa Secheep, considerando que la empresa del Estado provincial está bajo la órbita de competencia del Tribunal de Cuentas, en función de la ley 831-A y 1092-A y conforme a su organización estatuaria, no está obligada a presentar informes de auditoría de estados contables legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Indicó, además, que es el mismo Tribunal de Cuentas quien ejerce sus funciones, de control y de Jurisdicción, respecto de la empresa, por lo que siendo así, la realización de una auditoria externa prescindiendo de la intervención del Tribunal de Cuentas, surge categóricamente infundada, inmotivada e irrazonable, lo que pone en crisis su constitucionalidad.

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Por su parte, en el veto a la sanción legislativa 2992-A a la bonificación del cargo específico a los usuarios de la empresa de servicios energéticos, Peppo recordó que la creación del cargo tarifario específico y su cesión a un Fideicomiso Financiero, fue con el objetivo de lograr el desarrollo de proyectos de obras de infraestructura, destinados a aumentar la capacidad de trasmisión y distribución de energía a ser desarrollados en la provincia.

Además, indicó que el Fideicomiso Financiero titular del cargo específico ha recibido desde su constitución al día de la fecha fondos del mercado de capitales por la suma de 600 millones de pesos, por lo que la promulgación de la ley daría lugar a incumplimientos de los contratos y normas que rigen el Fideicomiso y que afectaría las posibilidades de la provincia de poder acceder al mercado de capitales local e internacional.

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