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Médico terapista detenido teme por su vida

Por Gustavo Carrasco

Quiero informar lo que estoy viviendo, producto de la desidia de una persona y la impericia de un juez que me tocó, como supuesto garante de mis derechos constitucionales. Soy Gustavo Carrasco, médico terapista del Hospital Perrando, quien me encuentro imputado en una causa que se tramita ante la Fiscalía de Investigaciones N° 11, estando detenido desde el mes de octubre del 2019 por una denuncia, sin sustento alguno, de abuso sexual, realizada por mi ex esposa, también medica ginecóloga del mismo nosocomio, que sin tener elementos de pruebas a favor realizó una denuncia con el apoyo de movimientos feministas, lo que generó presión social en la Fiscalía que dispuso mi detención y mi imputación.

A raíz de esta pandemia, en fecha 19 de marzo, el fiscal Héctor Valdivia, conforme a la normativa vigente dispuesta por la pandemia de coronavirus del decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/20, de fecha 12 de marzo del presente año, en función del decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 432/20 de fecha 16 de marzo del corriente, donde se aprueba el “Protocolo de actuación emergencia sanitaria por coronavirus – Covid 19-, y la Resolución 627/2020 del Ministerio de Salud de la Nación que en el ARTÍCULO 3° dice: “Grupos de riesgo. Son considerados como grupos de riesgo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto N° 260/20”, se dispuso la morigeración de la prisión preventiva de mi situación procesal, toda vez que padezco de las siguientes patologías, según mi historia clínicade fecha 22 de diciembre de 2019, en la cual da cuenta que: “Antecedentes de enfermedad actual: • Paciente de 43 años de edad con antecedente de diabetes tipo II insulino requiriente, hipertenso en tratamiento con Amlodipina 10mg, dislipidemia, con pérdida de peso de aproximadamente 30 kilogramos en los últimos dos meses, quien presenta en los últimos tres días malestar general, consultando el dia 21/12/2019 en centro de salud por cuadro de hipertensión arterial. En el dia de la fecha 22/12/2019 en horas de las mañana, evoluciona con paresia fascio-braquio-cruralien hemicuerpo izquierdo asociado a cuadro de hipertensión- arterial, disartria, cefalea y nauseas, ante lo cual consulta al servicio de Guardia y Emergencia del Hospital Perrando, donde se solicita evaluación por neurología, solicitándose posteriormente traslado a unidad de Stroke del servicio de Terapia Intensiva de dicho hospital.

Diagnóstico presuntivo: Accidente Cerebro Vascular isquémico. Accidente isquémico transitorio. Encefalopatía Hipertensiva Hipertensión Arterial Diabetes Tipo II Dislipidemia.”

A raíz de estas patologías crónicas se decidió respetar el derecho a la salud consagrado en los artículos 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 5 e. iv) de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y se concedió la prisión domiciliaria.

El día 8 de julio el juez de garantías N° 4, Juan Carlos Codina, ha revocado esta morigeración de la prisión domiciliaria, violando todas las normas constitucionales y convencionales que protegen este derecho a la salud, al igual que no hizo caso a los fallos del STJ del Chaco, en la Resolución N° 52/20 de fecha 17 de abril de 2020. En autos caratulados: "DEFENSORA GENERAL ADJUNTA DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO S/ HÁBEAS CORPUS", Expte. Nº 02/20, donde claramente se dispuso: “…II. HACER SABER a los jueces y juezas de garantías, correccionales, cámaras del crimen y fiscales, con respecto a las causas sometidas a su conocimiento y decisión y de conformidad a lo dispuesto por el art. 18 de la Constitución Nacional, arts. 5, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 27 de la Constitución de la Provincia del Chaco, respetando la garantía del juez natural, independiente e imparcial, que deberán revisar de oficio las causas de aquellas personas que se encuentran cumpliendo prisión preventiva, evaluando su necesidad y justificación conforme la situación de emergencia por la pandemia del Covid- 19; disponiendo medidas alternativas al encierro con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder. Así por ejemplo, entre otros supuestos, en procesos por delitos leves y en los cuales no haya mediado violencia sobre las personas o cuando la prisión cautelar haya superado ostensiblemente los plazos máximos previstos por la ley 965-N (Digesto Procesal), en relación a los hechos imputados y teniendo en cuenta las características de cada proceso. En el supuesto que se hayan tomado medidas más beneficiosas y positiva, éstas mantendrán su vigencia sin que esta Resolución las altere”.

Es decir, el juez de garantías N° 4 ha violado y desoído estas normas constitucionales y fallos del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, exponiéndome gravemente por mi condición de riesgo, en virtud de mi delicado estado de salud que, a pesar de saber y contar con el informe del médico forense, Walter Rath, quien le ha informado “…Es importante dejar asentado que por las afecciones que Carrasco padece (diabetes mellitus tipo2, hipertensión arterial), está incluido en grupo de alto riesgo de morbimortalidad por Covid-2019 y debe permanecer en un sitio que se asegure el aislamiento y/o distanciamiento social mientras dure la emergencia sanitaria por COVID-19…”. A pesar de esto, con total conocimiento del riesgo que implica estar expuesto para una persona con enfermedad crónica como Diabetes TIPO 2 y un estado de inmunodeficiencia suprimida, sin aislamiento, pasando a ser el único imputado con enfermedades de base que va a ser encarcelado en un establecimiento o comisaría, a pesar de que no ha incumplido ninguna de las restricciones que impuso el fiscal al dictar la resolución de morigeración domiciliaria.

Este juez me ha expuesto con este fallo a la posibilidad no solo de contagio, sino de muerte misma, porque una persona con estas patologías de base en caso de ser contagiada de Covid 19 será viable la mortalidad del mismo. Por la decisión de un juez de garantías que no garantiza, y que no sigue las instrucciones del Superior Tribunal de Justicia para evitar la propagación de la pandemia y el contagio del Covid 19. Esta disconformidad es en el modo ilógico y carente de sentido común en la aplicación del fallo del STJ, y de las normas de la ley de ejecución, constitucionales y de los tratados internacionales que protegen la vida y lo hace responsable al estado argentino por la eventual muerte de una persona bajo su custodia, toda vez que la Corte ha establecido que una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad, es la de procurar a éstas las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención’”. “…en el mismo Tribunal Interamericano se haya puesto el acento sobre lo que llamamos la calidad de garante del Estado, una expresión generalmente utilizada—si se atiende al diccionario de las voces penales— para referirse a la comisión por omisión: calidad de quien debe responder por ciertos resultados, en virtud de las obligaciones de custodia que asume o se le atribuyen en forma vinculante.”.- (CONDICIONES DE DETENCIÓN. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. POSICIÓN DE GARANTE. “Corte Interamericana de Derechos Humanos” (CIDH). Penitenciarías de Mendoza. 18-06-05 fallo).-

Surgiendo no solo de la norma legal citada, sino también de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos (art.75 inc.22 del CN) su posición de garante en relación al cuidado de la vida, la salud e integridad física de la persona privada de su libertad que se encuentra legalmente a su cargo.

Me veo en la necesidad de exponer esta situación desesperada que atravieso, no solo con una causa armada, sin pruebas, sino por la decidia de un juez que me expone a la muerte misma, no he incumplido ninguna norma ni ninguna restricción, y aun así decide enviarme a uno de los focos de contagio mas letales, como es el no aislamiento social, en una realidad que atravesamos nuevamente en nuestra ciudad como Fase 1 del ASPO, al solo efecto de aumentar las posibilidades de contagiarme, y de ser así y conforme mis enfermedades de base, de que ese contagio sea mortal. Yo como médico terapista sé muy bien estos riesgos, sé que esta decisión me resta días de vida, parece que el señor juez quiere que muera siendo inocente, bajo su custodia y su decisión, así lo entiendo, no hay otra forma de entenderlo de alguien que debe conocer la norma acabadamente, espero se pueda reveer esta situación de exposición a la muerte en la que me veo en mi situación procesal. Muchas gracias.

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