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Madrid fijó nuevas restricciones, pero el Gobierno le pide medidas más duras

Unos 850 mil madrileños podrán salir de sus vecindarios solamente para trabajar, ir al médico o llevar a los niños al colegio.

La región de Madrid, epicentro de la epidemia del COVID-19 en España, anunció este viernes la extensión a nuevas zonas de las restricciones de movilidad por el rebrote de casos, una decisión insuficiente para el gobierno central, que pide aplicarlas en toda la capital.

En su rueda de prensa, el viceconsejero regional de salud, Antonio Zapatero, informó que a partir del lunes unos 167.000 madrileños adicionales podrán salir de sus vecindarios solamente para trabajar, ir al médico o llevar a los niños al colegio.

Más de 850.000 residentes de diversas zonas, entre ellas varios barrios humildes del sur de la ciudad, ya debían respetar estas restricciones desde el lunes pasado.

En señal clara de desacuerdo, el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, convocó de manera sorpresiva una rueda de prensa paralela en la que criticó el “gradualismo” de Madrid y pidió “determinación” para lograr frenar la progresión galopante de infecciones en la capital, epicentro de la epidemia en el país.

En una reunión previa con las autoridades madrileñas, el gobierno central propuso extender las medidas “a toda la ciudad de Madrid”, de más de 3 millones de habitantes, y a otros municipios con alta incidencia del virus, explicó Illa.

"No hay otro atajo, no vale en estos momentos un cierto gradualismo (...), hay que actuar con determinación", afirmó. "Va a haber semanas duras en Madrid", agregó.

Este desencuentro se produce luego de que el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, se reuniera el lunes para coordinar la respuesta a la escalada con la jefa del ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, figura conservadora y muy crítica de la gestión de la primera ola del coronavirus por parte de la administración central.

En España, Madrid y las otras 16 comunidades autónomas son las únicas competentes en materia de salud, sin que el gobierno central pueda imponer sus decisiones.

A mediados de marzo, el gobierno debió decretar un estado de alarma, un régimen de excepción que le permitió centralizar las decisiones sanitarias e imponer un severo confinamiento a todos lo españoles, que solo pudieron salir de sus casas por causas de fuerza mayor.

Para hacer frente a la actual situación, el gobierno ofreció a Madrid miles de soldados para reforzar las labores de rastreo de posibles contagios y desinfección de infraestructura, esta última una labor que ya hicieron en todo el país durante la primera ola.

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