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La defensa de Butticé asegura que su detención es injusta

El ex funcionario lleva encerrado un año y medio.

Adrián Gaitán, abogado defensor del ex subsecretario de Comunicación y Medios, Paulo Butticé, imputado en la causa por delitos contra la administración pública relacionados a los fondos de la pauta publicitaria oficial, expresó los motivos por los cuales su detención es injustificada.

Según el letrado, “Butticé lleva un año y medio detenido injustamente y semanas atrás tuvo lugar una nueva denegación por parte del juez de garantías a un pedido de libertad”.

“Su caso no se limita a que no existe en absoluto ningún argumento sostenible de riesgo procesal, sino que la investigación ya concluyó en marzo. Los hechos están suficientemente explicados e inclusive se han generado elementos a su favor”, argumentó.

“En síntesis, de un trámite formal a cargo del personal administrativo que Butticé suscribía en razón de su cargo, los fiscales construyen un relato que lo relacionan con una asociación ilícita, sin que exista el menor rastro de vinculación con los demás imputados”, aseveró.

Por otro lado, Gaitán determinó que las firmas, en su caso, “ni siquiera permiten inferir que hubo una conducta que amerite un reproche penal, ya que Butticé no infringió ninguna norma al asignar tareas al personal administrativo, como lo hace cualquier persona que ocupa una posición jerárquica”. “El trámite no ameritaba su intervención por tener un procedimiento prefijado, y si era una tarea delegada surge con toda obviedad que no existió una conducta de su parte”, mencionó.

Tal como lo indica el abogado, “hace más de un año ya está demostrada su inocencia con un hecho que era esperable y que ni siquiera configura un delito penal: que el personal administrativo no tenía el debido cuidado en una tarea que Butticé suscribía, y que a su vez el trámite se remitía a la buena fe del proveedor que confeccionaba su propio documento respaldatorio, con lo cual el engaño provenía del propio proveedor”.

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“En el caso de Butticé, de un conjunto de firmas infieren por un exceso descomunal e incomprensible una relación delictiva con personas con las cuales no tiene ningún vínculo. Incluso con la carga invertida de la prueba, que es tan difícil y casi imposible de afrontar, entre las pruebas generadas a su favor se muestra una directamente contraria a la acusación: que uno de los imputados, con quien suponen que Butticé formó una asociación ilícita, dirigió desde Fiduciaria el diseño informático del sistema de pagos y ordenó que desde el usuario asignado a Buttice no se pudieran ver montos ni quiénes eran los titulares de las empresas ni ningún otro dato sobre las mismas, todo lo cual tampoco era de su competencia (sólo se podían imprimir notas de certificación generadas desde Fiduciaria)”, puntualizó.

Además, el letrado recordó que es de público conocimiento que Butticé vivía con sus padres, que no dispone de bienes muebles o inmuebles, ni ahorros, ni siquiera ninguna posesión de valor, “lo cual no sólo se condice con su inocencia sino que resta aún más la posibilidad de fuga. Incluso sin tener en cuenta todo lo anterior, igualmente le corresponde la libertad a Butticé, porque en su caso no se dan ninguno de los tres supuestos que justifican una prisión preventiva”, detalló.

“La racionalidad propia del sentido común no se corresponde con herramientas jurídicas que se vuelven totalmente inconducentes para una resolución eficiente de problemas, dejando los casos librados al azar, la intuición o a las disputas de poder que existen en toda institución”, indicó.

“No deja de ser sorprendente que el sistema jurídico penal no pueda resolver una equivocación tan grande y en el caso de Butticé no estamos hablando de un hecho confuso o que haya ocurrido a escondidas de la vida pública, sino de un transcurso de dos años a la luz del día, con muchos empleados administrativos directamente involucrados según reglamentaciones accesibles a cualquiera. En este contexto, sólo se puede suponer que se corre aún peor suerte en episodios confusos.

Es muy preocupante que esto pueda suceder diariamente y que los que sufren injustamente una prisión preventiva o una condena no puedan hacerse escuchar por estar criminalizados y desautorizados moralmente”, concluyó el abogado.

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