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La Cámara Federal anuló los procesamientos de Dujovne, Dietrich e Iguacel

Los ex funcionarios del Gobierno de Macri están acusados por supuestas irregularidades en la concesión de los peajes.

La Cámara Federal de Apelaciones porteña anuló este jueves los procesamientos de los ex funcionarios macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frias y Javier Iguacel, en la causa por presuntas maniobras fraudulentas que beneficiaron a Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo, y el Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires.

La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, a raíz de las apelaciones de las defensas.

Ahora el juez federal Julian Ercolini, que subroga el juzgado federal 6, deberá decidir si los llama nuevamente para ampliarles las declaraciones indagatorias -con toda la prueba a la vista- o si resuelve directamente las situaciones procesales de los ex funcionarios con los descargos hechos por los acusados ante el ex juez Rodolfo Canicoba Corral.

La Cámara Federal explicó que se decidió anular los procesamientos porque cuando los ex funcionarios fueron indagados, las defensas no tuvieron acceso al expediente.

Aunque no estaba bajo secreto, a los acusados se les enumeró “como prueba de cargo la documentación reservada de la causa” entre los cuales doce paquetes con actuaciones del Ministerio de Transporte, de Hacienda, de Vialidad, de la SIGEN, de la Procuración del Tesoro, de la Inspección General de Justicia, de la Comisión Nacional de Valores, secuestros de allanamientos, que las defensas no pudieron cotejar.

El fallo no anula las indagatorias, pero deja abierta la puerta para que Ercolini los convoque nuevamente. En el expediente están pendientes las indagatorias ordenadas de Andrés Alfonso Barberis Martín, de la empresa Abertis, y a Ricardo José Stoddart, ex director de Legales de la Dirección Nacional de Vialidad cuando se firmaron los contratos.

La causa tiene la carátula “Macri, Mauricio y otros sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público”.

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