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Gustavo Corregido no podrá accionar más contra el Estado nacional

Por un fallo de la Corte Suprema.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que los defensores del pueblo provinciales no tienen legitimación activa para cuestionar normas dictadas por autoridades nacionales.

El fallo se dio ante un planteo del Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, Gustavo Corregido, en un caso en el que se discutió el aumento de tarifas de transporte interprovincial.

El Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco había planteado una acción de amparo contra el Estado Nacional y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) cuestionando el aumento de la tarifa del servicio de transporte de pasajeros interprovincial Chaco - Corrientes dispuesto en el año 2013.

La Cámara Federal de Resistencia hizo lugar al amparo, exhortó a la delegación regional de la CNRT a arbitrar los medios para dar participación en la discusión de la tarifa al Defensor del Pueblo local y declaró inaplicable el instrumento por el cual se aprobó el aumento tarifario. 

Contra esta decisión, el Estado Nacional y la CNRT interpusieron recursos extraordinarios que, terminaron en la Corte Suprema, que finalmente decidió que el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco carece de legitimación para cuestionar judicialmente la decisión adoptada por la autoridad nacional.

CORREGIDO: "ES UN FALLO TAN HISTÓRICO COMO TRISTE"

Tras conocer el fallo, el defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, sostivo que se trata de "un fallo tan histórico como triste para nuestro Pueblo", y agregó: "Maniató la defensa de los derechos e intereses colectivos de los Chaqueños, dejando vía libre a la Administración Nacional y empresas donde el Estado nacional tiene alguna participación, para que actúen con total impunidad sin interferencia de los Defensores locales".

En ese sentido, consideró que el fallo "acarrea consecuencias nefastas tanto en el plano jurídico como en la vida real para el pueblo del Chaco, atento a que el precedente judicial impide la intervención de un Organismo que fue creado para la Defensa de los Derechos del Pueblo y pone en jaque, numerosas medidas cautelares y acciones de amparo cuyas sentencias se encuentran vigentes y tienden a proteger los intereses y derechos de los chaqueños, tal es el caso de los aumentos de peajes, medicamentos del PAMI, pensiones por discapacidad, entre otras".

"Para la Corte, el único Defensor del Pueblo que puede cuestionar actos de la Administración Publica Nacional es el Defensor del Pueblo de la Nación, que valga la redundancia, el mencionado Organismo se encuentra acéfalo desde el año 2009, por lo que si no tenemos Defensor del Pueblo de la Nación en funciones y los Defensores de las Provincias no pueden cuestionar judicialmente actos de la Administración Nacional que afecten los derechos constitucionales de los Ciudadanos, llego a la conclusión de que el pueblo, se encuentra en un estado de indefensión absoluto, debiendo soportar las consecuencias negativas producto de las decisiones arbitrarias, antojadizas, inconstitucionales de los Poderes Públicos, circunstancia que me lleva a ventilar la presente cuestión ante los Organismos Internacionales".

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