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Gobierno propone ampliar la modalidad de juicios por jurados

El gobernador Capitanich explicó que envió tres proyectos a Diputados.

Este viernes, el gobernador Jorge Capitanich anunció la remisión a Cámara de Diputados de tres proyectos de ley: uno para ampliar el juicio por jurados a procesos civiles y comerciales, otro de instancias de mediación y la creación de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura. De esta manera, la provincia se adaptaría a las exigencias del Código Civil y Comercial de la Nación renovado en 2015.

Capitanich explicó que entre las iniciativas legislativas que se presentarán, la más importante es la de juicios por jurados para procesos civiles y comerciales. “Creemos que es una innovación extraordinaria en la administración de la justicia en la provincia”, aseguró, y planteó que el objetivo es fortalecer los canales de participación ciudadana, a fin de dirimir controversias.

El mandatario reafirmó que mediante esta iniciativa, desde el Gobierno provincial se busca “empoderar a la ciudadanía para mejorar y perfeccionar los procesos judiciales tendientes a lograr mayor calidad y, pretendemos que tengan un altísimo nivel de consenso, con el objeto de garantizar su calidad y ejercicio como política de Estado”.

Se trata de una innovación clave para la resolución de casos utilizando como política de Estado la participación ciudadana. Viene a dar cumplimiento a ocho artículos de la Constitución Nacional, y será útil para proteger derechos colectivos, para determinar responsabilidades por daños producidos en accidentes de tránsito, salvaguardar el derecho del consumidor, entre otros. El juicio por jurados sólo se celebrará si en la demanda se reclama un monto de reparación plena superior a los 30 Salarios Mínimos Vital y Móvil.

Capitanich afirmó que con este tipo de procesos “se promueve la participación ciudadana”. En referencia a situaciones de controversia que se manifiesten en relación al derecho indígena, dijo que se trabajará con la composición “actora y demandada” como se hace en el proceso de juicios por jurados en materia penal y agregó: “Esto a su vez es muy bueno para dirimir controversias en materia de casos de derechos del consumidor y derechos ambientales”.

La norma propone reglamentar un juicio oral y público con un jurado compuesto por 12 miembros titulares y dos suplentes dirigidos por un juez o jueza civil y comercial. La composición será igualitaria en cuanto a género y considera la posibilidad de incorporar ciudadanos de pueblos originarios si el actor y/o el demandado pertenecen a pueblos Wichí, Moqoit o Qom, además de un traductor o intérprete, si es necesario o si una de las partes es una persona con discapacidad. Para la resolución del caso, el jurado delibera y rinde su veredicto unánime según su leal saber y entender y sin expresión de los motivos de su decisión.

En relación a las temáticas de consumo y ambiente, el gobernador calificó como un elemento “importante para debatir intereses colectivos en el marco de un juicio oral, público y expedito que implica la participación ciudadana”.

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