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El asistencialismo como forma de mantenimiento de la pobreza permanente

Por Alfredo "Capi" Rodríguez

El asistencialismo y el sistema de planes sociales representan en nuestro país y en nuestra provincia un sistema de sometimiento y no de impulso económico como nos quieren hacer pensar. Es, tal vez, el sistema de corrupción más importante de Argentina, ya que estos planes sociales son cedidos a cambio de votos y utilizados también como forma de aquietar las justas demandas de soluciones reales a las necesidades básicas de la población.

Desde que irrumpieron en las políticas económicas a fines de los 80, consolidándose en los 90, podemos observar que no se concibieron como una solución momentánea al problema de la pobreza extrema. Por el contrario, durante la gestión del presidente Carlos Saúl Menem, mientras crecía la desocupación, se desguazaban las empresas del estado y se profundizaban las políticas neoliberales, aumentó la pobreza y la indigencia, abonando el campo para que los planes sociales fueran utilizados de forma extorsiva.

En el 2002, luego de la tremenda crisis del 2001 y la salida del presidente Fernando De la Rúa, el designado primer mandatario Eduardo Duhalde firmó el decreto 565/021 que reglamentó el programa conocido como Plan Jefes y Jefas Desocupados. Este plan constituía la entrega de 150 pesos a encargados y encargadas de familias a cambio de una contraprestación de cuatro a seis horas de trabajos variados y no especificados. En ese momento, constituyó un alivio a la situación que atravesaban los sectores más vulnerables de la sociedad, pero no una solución integral superadora.

En 2006 el presidente Néstor Kirchner propuso la creación del Plan Familias y en el 2009, su sucesora Cristina Fernández de Kirchner dispuso por decreto la Asignación Universal por Hijo. En 2016, durante la gestión de Mauricio Macri se aumentaron los beneficiarios de la AUH, y se crearon el Plan Nacional de Primera Infancia, Creer y Crear y la Pensión Universal por Adulto Mayor. Estos son solo algunos ejemplos a modo ilustrativo, que pueden demostrarnos la continuidad en las políticas asistencialistas sin importar el color partidario.

Si comparamos con los países de la región, el gobierno argentino destina un porcentaje tres veces mayor de su Producto Bruto Interno al gasto público social. Del total de ese dinero, que constituye el 14,3% del producto bruto, el 80 % va a cubrir los gastos de protección social jubilaciones, asignaciones familiares y seguro de desempleo. En lugar de ser un paliativo transitorio, las asignaciones sociales se han convertido en un sistema enquistado de sometimiento y mantenimiento de la pobreza permanente.

¿Qué pasaría si re direccionamos el presupuesto al apoyo a la industria nacional, a los emprendimientos productivos privados, a los pequeños y medianos productores rurales? ¿Se podría entrar en un proceso de eliminación de la pobreza estructural?

Pero para el sistema político institucional argentino, la pobreza es un negocio y ese negocio es de atracción de votos y la “pacificación social” a través de la extorsión que implica el asistencialismo. Políticos, funcionarios, mediadores y punteros se perpetúan en el poder distribuyendo discrecionalmente dádivas con recursos estatales que lejos están de configurarse en una verdadera solución al problema de fondo.

Y una de las mayores consecuencias es que se hace sentir a la gente pobre, indigna e incapaz. Le quitan la esperanza de un día realmente cambiar su situación y emanciparse. El Estado debe crear oportunidades de trabajo, de capacitación y de independencia, no dar limosna.

CAMINOS ALTERNATIVOS PARA UNA SOLUCIÓN INTEGRAL

Según datos publicados por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en julio de 2018, existen en el país alrededor de 856 mil empresas registradas. De estas, seiscientos seis mil son empleadoras, el 99.4% con menos de 200 ocupados. Las grandes empresas con más de 200 empleados constituyen sólo el 0.6%.

En el mismo estudio, informan que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) representan un 64,7% del empleo privado registrado: las microempresas son responsables del 21%; las pequeñas empresas del 22,5%; y las medianas de 21,2%.

A pesar de tener una evidente importancia en la generación de empleo, se les imponen sistemáticamente diferentes límites de crecimiento por todos los partidos y planes económicos que han pasado por la historia de nuestro país. Sometidas a endeudamientos, frustraciones y a una falta de apoyo que las haga sustentables y sostenibles en el tiempo. Es impensable en Argentina con tasas de 70 % de interés que exista un crecimiento para este tipo de emprendimientos.

Desde la CAC se realizó un análisis no sólo de la importancia de las MiPyMes para la generación de empleo genuino y digno y las economías regionales, ya que tienen amplia distribución en el territorio nacional. También se proponen vías de posibles soluciones para el crecimiento de estos emprendimientos y para que no se vean en la obligación de cerrar.

Se requiere una simplificación significativa del sistema tributario, mantener un tratamiento fiscal preferencial para el sector y, muy especialmente, la promoción de las inversiones. Estas son apenas algunas de las cuestiones a revisar para salir de la histórica presión sobre los emprendedores privados que, finalmente, generan empleo genuino. La implementación de políticas públicas en este sentido redundaría en el beneficio común y el mejoramiento de la economía en general.

Industria nacional, trabajo, producción y consumo interno. Allí es donde hay que apuntar y no seguir alimentando el clientelismo para el beneficio de unos pocos. Hoy, muchos políticos hablan de exportar en sus plataformas políticas. Pero, ¿quiénes son los que pueden exportar? Ciertamente, no son los pequeños emprendedores, comerciantes o productores rurales.

Nuestros gobernantes deben comenzar a pensar como estadistas y no como meros administradores momentáneos de un negocio para continuar indefinidamente en el poder. Tienen la responsabilidad delegada por la ciudadanía de crear políticas públicas a largo plazo para la generación de empleo genuino.

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