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Destacan proyecto para modificar normativa de protección de intereses

El legislador reunió a varios sectores para su concreción.

El 13 de mayo pasado, se dio ingreso al proyecto de reforma de la Ley de Protección de los Intereses Difusos y Colectivos N° 3911 (actualmente N° 770.R), concluyendo de esta manera un trabajo iniciado en el año 2018 por distintos sectores, mediante el Proyecto de Ley Nº 731/20 presentado por el diputado Livio Gutiérrez.

El legislador explicó que “esta normativa existe en nuestra provincia desde el año 1993, ley impulsada en ese entonces por el legislador radical, Eduardo Moro, pero con el paso del tiempo y los nuevos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había quedado desactualizada y necesitaba una adecuación a los nuevos tiempos, incluyéndose además conceptualizaciones nuevas y complementarla en aspectos de acceso y ejecución de la sentencia entre otros”.

La presentación tuvo inmediata repercusión en el sitio Class Acctions Argentina, especializado en procesos colectivos y que hace poco ha obtenido del Conicet la asignación y registración del blog con su ISSN, del que participan juristas e investigadores de todo el país y de distintas Universidades Nacionales.

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Desde allí, señalaron en relación al nuevo proyecto de ley presentado que "la iniciativa fue promovida por Livio Gutiérrez y propone una regulación muy completa y sistémica para reformar una de las leyes pioneras en nuestro país, en el campo de la tutela colectiva de derechos”.

Por su parte, Livio Gutiérrez explicó en relación a la importancia y metodología adoptada para el proyecto que "entendemos que esta es una gran herramienta para garantizar el acceso a la justicia de los grupos vulnerables”.

“Pero pese a ello, no era muy utilizada por los operadores del sistema, por lo cual decidimos en el año 2018 avanzar con un proceso distinto para su reforma, el que consistió en convocar a todos los sectores involucrados en su implementación. En este camino, convocamos a jornadas y foros de debate, donde participaron juristas nacionales, la Asociación de Magistrados, ministros del Superior Tribunal, el Ateneo de Estudios Procesales, abogados, profesores universitarios y asociaciones civiles, para que nos den su aporte y poder plasmarlo en la nueva legislación. Con posterioridad, se avanzó en la redacción de la norma, utilizando como fuente los proyectos nacionales y de doctrina existentes, la experiencia y aportes de las jornadas lo que concluyó en el proyecto de reforma presentado”, indicó.

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