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Capitanich y sus propuestas en seguridad, justicia y derechos humanos

Conocelas acá, punto por punto.

En el marco del programa de gobierno para el periodo 2019-2023, el candidato a gobernador del Frente Chaqueño, Jorge Capitanich presentó sus propuestas e iniciativas a desarrollar en materia de seguridad ciudadana, justicia, derechos humanos y prevención de la tortura para los próximos cuatros años en caso de acceder a la titularidad del Ejecutivo provincial.

La propuesta tuvo como objetivo debatir ideas, intercambiar opiniones y recibir objeciones y recomendaciones para lograr un consenso en estas temáticas sensibles a la sociedad.

En el salón de actos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, Capitanich detalló sus iniciativas e instó a debatir políticas para el desarrollo sostenible.

Capitanich manifestó que se apunta a la “profundización de la ley de seguridad ciudadana y su aplicación efectiva, así como mejoras de inversiones en materia de infraestructura, equipamiento y tecnología, y otros. Todo en el marco de un gran debate y trabajos en foros para poder analizar en profundidad políticas fuertes en un tema muy sensible y de notoria preocupación para la comunidad, que requiere herramientas de participación ciudadana y de carácter institucional”, señaló.

En ese marco, mostró 11 compromisos a trabajar e implementar en materia de seguridad ciudadana.

Estos son: 1, un plan plurianual de obras para la construcción y remodelación de comisarías (92 comisarías en óptimas condiciones), con incorporación de los reclusos en las tareas de construcción y refacción; 2, mejorar el sistema de inteligencia criminal para delitos complejos; 3, fortalecer las capacidades investigativas de la policía para actuar con eficacia como auxiliares del sistema de administración de justicia; 4, instrumentar esquemas de articulación de medidas y acciones en materia de seguridad ciudadana con los gobiernos municipales, 5, perfeccionar las modalidades de planificación estratégica y operativa de la institución policial, con capacitación del recurso humano; 6, garantizar el ejercicio simultáneo de derechos en una comunidad democrática mediante el protocolo de petición ante los poderes públicos; 7, un plan plurianual de actuación territorial para reducir el índice de siniestralidad vial, con participación de los municipios; 8, promover la educación vial con el propósito de mejorar el desenvolvimiento de las personas en la vía pública como conductores y peatones; 9, garantizar a los internos privados de su libertad el reconocimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes; 10, impulsar la ratificación constitucional de la ley de seguridad democrática, del comité de prevención contra la tortura y los malos tratos; y 11, la descentralización del sistema de seguridad pública en los municipios, con participación de la comunidad en la elección de las autoridades policiales.

En cuanto a la justicia, Capitanich señaló como importante avanzar en 10 puntos fundamentales para lograr un avance “sustancial” en esa materia.

Los puntos y compromisos para trabajar en materia de justicia son: 1, promover la realización de concursos de antecedentes y oposición para cubrir cargos en el Poder Judicial, con una duración de cinco (5) años y opción a un nuevo concurso por un período similar; 2, propiciar la enmienda al artículo 156 de la Constitución Provincial con el objeto de incluir al Ministerio Público de la Defensa; 3, la creación de la Escuela Judicial a fin de que los aspirantes que rinden por fuera del Poder Judicial (abogados independientes) no se encuentren en situación de desigualdad con los trabajadores del citado poder; 4, Instrumentar el juicio por jurados y una justicia de faltas que penalice severamente las contravenciones; 5, Mejorar acceso a la justicia mediante la simplificación de procedimientos, la participación de la sociedad civil y la ampliación del ámbito de actuación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos; 6, promover la ampliación del ámbito de competencia de los tribunales más cercanos a la ciudadanía funcionen bajo principios de sencillez y rapidez procesal para la resolución de los conflictos inmediatos de los ciudadanos; 7, establecer que el presupuesto, la carrera judicial, los concursos y la estructura de cargos deberá guardar proporción técnica en materia de recursos por norma constitucional y regulada por ley anual; 8, apoyar la modernización del Poder Judicial para asegurar el acceso a la justicia, entendido en un sentido amplio, en particular para los grupos poblacionales más vulnerables; 9, estimular la adopción de buenas prácticas en cuanto a acceso a la justicia, asentada en la mejora de la calidad de atención y la promoción de la innovación en servicios otorgados o metodologías de intervención; y 10, promover la desconcentración de los servicios y un sistema jurídico con capacidad para responder a la demanda de conflictos que se presenta para su solución, con la calidad e integralidad necesaria.

Por último, Capitanich dio detalles de los 10 compromisos asumidos en materia de políticas de derechos humanos.

Estos son: 1, trabajar, junto al Comité Provincial de Prevención de la Tortura (Ley 1798. B), para fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas privadas de su libertad; 2, asegurar la aplicación de las leyes, los reglamentos y el marco jurídico que previene y prohíbe la tortura y otras formas de malos tratos; 3, lograr un programa de formación y capacitación del personal policial y de seguridad sobre el trato debido a las personas privadas de su libertad; 4, la aplicación de directrices sobre el trato debido a las personas privadas de libertad, instauración de mecanismos de control y de supervisión; 5, introducción de sistemas efectivos para estudiar las quejas relativas a malos tratos a las personas privadas de libertad; 6, asegurar la aplicación de las garantías procesales en interrogatorios, registros de prisiones y sanciones en caso de incumplimiento de la ley; 7, revisión permanente de prácticas y reformas institucionales necesarias para garantizar que éstas se ajusten a un enfoque de derechos; 8, promover y difundir los derechos de protección de las personas privadas de su libertad a la comunidad y a los responsables de políticas públicas; 9, la investigación sobre la tortura, el enjuiciamiento efectivo de torturadores y la aplicación de mecanismos de monitoreo independientes; y 10, asegurar la instrumentación de mesas de diálogo, charlas y talleres de capacitación, tanto al personal policial, penitenciario y a la ciudadanía.

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