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Avanza la causa por irregularidades en la gestión de Daniel Scioli

La jueza Garmendia analiza las imputaciones del fiscal Garganta y pronto definirá si eleva o no el expediente a juicio.

La jueza de Garantías Marcela Garmendia podría estar en condiciones de decidir si eleva o no a juicio el expediente por supuestas irregularidades y corrupción durante la gestión de Daniel Scioli antes de que termine el 2019, o, en su defecto, en los primeros meses de 2020.

Según TN, la magistrada, que desde hace meses revisa las imputaciones del fiscal Álvaro Garganta, ya le "corrió" traslado a 36 de los 45 acusados, que tienen 15 días hábiles para responder y pueden oponerse o pedir el cambio de calificación legal, entre otras medidas. En este proceso se notifica al imputado de la o las acusaciones en su contra y este ejerce su derecho a la defensa.

A medida que los imputados plantean nulidades, la Jueza le "corre vista" al fiscal para que emita una respuesta. Una vez que los 45 acusados conozcan sus imputaciones y hayan ejercido su derecho a la defensa, Garmendia estará lista para definir quiénes van a juicio y quiénes resultan absueltos.

"Con viento a favor podríamos terminar antes de 2019, sino a principios del próximo año", confió a este medio una fuente cercana a la causa.

La investigación

La megacausa por supuesta corrupción tiene desgloses, en los que se diferencian las irregularidades por institución. El "00" corresponde a las anomalías halladas en la adjudicación de las Unidades de Pronta Atención (UPA); en el "01" se investigan las de Aguas Bonaerenses (ABSA); en el "04" las de la obra social IOMA; en el "05" las de jefatura de Gabinete y en el "06" las de obra pública.

Según fuentes judiciales solo resta correr traslado a ocho acusados del desglose de IOMA y a uno de Jefatura de Gabinete, tramo de la causa recordado por el allanamiento a la casa del exfuncionario Walter Carbone, en el que se encontró un dragón con una caja fuerte en su interior.

El exgobernador está acusado de cometer los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias. En particular, se lo investiga por la adjudicación de nueve UPA por $117 millones al empresario Estanislao Miller, que le alquiló un terreno en Villa La Ñata y luego se lo compró por U$S 3.850.000. Este año el excandidato a presidente sumó otro dolor de cabeza cuando su expareja, Gisela Berger, declaró ante la Justicia que creía que Scioli "no podía pagar" sus viajes a Courcevel, en Francia.

El exgobernador fue uno de los primeros en ser notificados, y Scioli planteó la "inespecificidad del objeto procesal". Además, su defensa asegura que existió "forum shopping", es decir, que se eligió a dedo la fiscalía (de Garganta) para llevar adelante la instrucción y el juzgado de Garmendia para decidir si el expediente se eleva a juicio o no.

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