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Atech: el decreto 2983 del Gobierno y la políticas salarial diametralmente opuesta a la irrisoria para trabajadores

Desde la Atech calificábamos como parcial y engañoso el informe del Ministerio de Hacienda de la provincia en el pasado mes de diciembre, el que decía que en lo referente a los salarios del sector público había tenido un crecimiento salarial acumulado del 123 % para el período 2016-2018, cuando aseveramos y es absolutamente demostrable, que nunca superó el 70 % -y que frente a una inflación del 120 %- demuestra la pérdida del poder adquisitivo no inferior al 50 %, sin considerar decíamos, la relación salario-dólar, para ese período (2016-2018) y a raíz de la política de empobrecimiento para el sector público aplicado por el Estado provincial y que "casualmente" no se mencionaba en el informe del Ministerio de Hacienda.

Vale recordar que, en el caso de los docentes en particular, en el año 2017, la puta salarial fue de un 7,5 % frente a una inflación de un 25%. En el año 2018 fue de un 10 % -siempre en cómodas cuotas-, frente a una inflación que cerró en un casi 48 %. Años signados por un conflicto irresuelto a la fecha, con el tema salarial como eje central porque la situación socioeconómica de la familia docente chaqueña -para activos como para jubilados- es extremadamente difícil y hasta nos atrevemos a decir insostenible.

Pero hete aquí que, no es que la "escasez de recursos sea tal en todos los órdenes y para todos por igual-. Debería explicar el Gobierno, cómo es que frente a pautas miserables para los docentes en particular como las detalladas antes, el Poder Ejecutivo -en pleno mes de diciembre, más precisamente el día 17, dictó el Decreto N° 2983, por el que -con retroactividad-, crea a partir del 1° de noviembre de 2018, la "Bonificación Responsabilidad Funcional" aplicable a todos los agentes comprendidos en el Escalafón de Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo y de Organismos Autárquicos y Descentralizados, la que tendrá carácter remunerativo y no bonificable". Bonificación equivalente al treinta por ciento (30%) de la sumatoria de los conceptos: sueldo básico, gastos de representación y suplemento, decreto cuyos "considerandos" no resisten el menor análisis toda vez que intentan aseverar situaciones no reales de la situación salarial del sector público.

Está más claro que el gobierno "del pueblo del Chaco" -ajironado con la política neoliberal salvaje definida y llevada adelante por el gobierno nacional-, que evidencia un enorme desprecio por los derechos del pueblo trabajador, por los jubilados, haciendo desparecer paritarias como las nacionales docentes con decretazos, violentando la ley de financiamiento educativo, oprimiendo a más no poder a la gran mayoría de los argentinos, con tarifazos imposibles de afrontar, con el desconocimiento de la constitución misma, tiene la firme decisión de seguir empobreciéndonos a todos; con un conflicto educativo en la Provincia irresuelto y agravado a diario, con un escenario de conflicto mayor aún de cara al ciclo lectivo 2019, con una violación lisa y llana de toda la legislación vigente, particularmente de la propia Carta magna provincial, que en su artículo 83 establece el 33 % del presupuesto general de la provincia como piso para educación con lo que sin temor a equivocarnos hace más de cuatro años no se cumple; con el avasallamiento a la ley del Estatuto del Docente -de rango constitucional-, que en su artículo 47 ordena al gobierno -a través de la cartera educativa- a prever anualmente en el proyecto de ley de presupuesto el valor monetario del índice, previendo los ajustes correspondientes para conservar el valor real del salario, y que a esos efectos se crea la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo integrada por el Ministerio de Educación y gremios docentes, comisión que no funcionó durante todo el año 2018, el Gobierno  tiene el deber y la obligación de resolverlo, con respuestas concretas y satisfactorias, estableciendo las prioridades por atender.

Finalmente, volvemos a decir que, lamentamos que para el Poder Ejecutivo, no les importe el empobrecimiento ocasionado a los empleados del estado provincial porque además, entre los "destacados" objetivos mencionados para 2019 en aquel informe de hacienda -parcial y engañoso- no figure el recupero del poder adquisitivo de los trabajadores -menos aún de los de la educación-, demostrando con ello un pensamiento y una conducta claramente mercantilista, positivista y deshumanizada de la política.

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