España quiere eliminar los fueros parlamentarios

España quiere reformar la Constitución para terminar con los privilegios de la inmunidad para miles de legisladores, militares, policías, miembros de la realeza y funcionarios del gobierno. En la mayoría de los países de la Unión Europea no hay fueros para sus parlamentarios, sólo para altos cargos del gobierno.El presidente del gobierno español Pedro Sánchez anunció que buscará retirar la inmunidad a los legisladores y otros funcionarios públicos para que "los ciudadanos vuelvan a confiar" en la política.La propuesta para facilitar que los políticos puedan ser enjuiciados necesitaría el respaldo del Congreso. Los socialistas del PSOE solo necesitan 84 de los 350 escaños en la cámara baja. Y para conseguir esos votos, el gobierno ya cedió y aclaró que limitará la reforma a los delitos ajenos al cargo del funcionario mientras ejerza ese puesto.TE PUEDE INTERESAR: La Iglesia católica deberá pagar 27 millones de dólares a niños abusadosEl aforamiento (fueros de inmunidad) es una prerrogativa constitucional por la cual las causas penales de diputados, senadores y miembros del gobierno español, son investigadas y juzgadas por el Tribunal Supremo (el máximo tribunal del país) en vez de los juzgados ordinarios.Aunque no tiene ninguna cláusula de impunidad frente a las responsabilidades criminales. Este privilegio, de todos modos, finaliza apenas se deja el cargo y hasta ahora sirvió, en general, para que los políticos ganaran tiempo mientras esperan algún cambio de tendencia de la política. El fuero tiene su origen en la separación de poderes y la búsqueda de la independencia del poder legislativo con respecto al ejecutivo, sobre todo en el caso de las monarquías parlamentarias. Fue introducido por primera vez en el parlamento británico.Entonces, era habitual que cuando un legislador se oponía a los deseos del rey, éste buscase excusas para acusarlo de algún delito y apartarlo de la vida pública. Como forma de evitar estas injerencias, se establecieron medidas que impedían que pudiese ser encausado ningún parlamentario si previamente el propio Parlamento no daba su visto bueno y que, en el caso de ser encausado, estuviese sometido a algún "orden jurisdiccional específico", el tribunal de mayor jerarquía.En América Latina se abusa de este privilegio desde que se constituyeron los primeros congresos tras las guerras de independencia. En los últimos años, varios ex presidentes y otros funcionarios latinoamericanos buscaron un asiento en los congresos nacionales para evitar ser enjuiciados por delitos de corrupción. Incluso, algunos ya sentenciados, como el ex presidente argentino Carlos Menem, permanecen impunes hasta que la sentencia no haya sido ratificada.