Incorporaron un informe histórico clave a la investigación judicial por la Masacre de El Zapallar

La investigación judicial por la denominada Masacre de El Zapallar incorporó un amplio informe pericial histórico elaborado por Alejandro Jasinski, doctor en Historia, a pedido de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia. 

El trabajo analiza la documentación y los testimonios reunidos en la causa y reconstruye el contexto político, económico y social en el que se produjo la represión del 7 de septiembre de 1933.

Según las conclusiones del especialista, lo ocurrido no puede explicarse como un incidente aislado, el desborde de un comisario o la reacción espontánea de vecinos atemorizados. El informe lo ubica dentro de una extensa trama de violencia ejercida contra las comunidades indígenas chaqueñas.

Aquel día, una columna integrada por más de 300 indígenas moqoit, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, se dirigía hacia El Zapallar, actual General San Martín, en busca de trabajo y alimentos.

Cuando llegaron a las afueras del pueblo fueron interceptados por efectivos de la Policía territorial y civiles armados que pretendían impedirles el ingreso. Una veintena de integrantes del grupo fueron detenidos, entre ellos el cacique, mujeres y niños, mientras se produjo un tiroteo que dejó un número todavía indeterminado de víctimas.

Tras la represión, gran parte del grupo huyó hacia el monte y distintos cursos de agua. Luego permanecieron acampando a la espera de la liberación de sus familiares. Finalmente, y en medio de una severa sequía, fueron obligados a regresar a la reducción de Napalpí, de donde habían partido tiempo antes debido a la falta de alimentos y recursos.

Los testimonios que contradijeron la versión de un supuesto ataque

El informe de Jasinski también examina el expediente judicial abierto tras los hechos, que contiene las declaraciones de alrededor de veinte indígenas detenidos, entre ellos el cacique Luis Duran.

Los testimonios, tomados mientras permanecían privados de su libertad, coincidieron en un punto central: señalaron que se dirigían a El Zapallar para pedir trabajo y alimentos y no para enfrentarse con los pobladores. Llevaban herramientas y apenas algunas armas de caza antiguas.

También declararon policías y vecinos investigados por las muertes. De acuerdo con el peritaje, esas actuaciones permiten reconstruir una respuesta represiva violenta y desproporcionada, con participación de civiles armados que tuvieron cierto margen de iniciativa aunque formalmente debían responder a las órdenes del comisario.

El propio instructor del sumario, el comisario inspector Francisco Larrey, abrió las actuaciones refiriéndose al "supuesto avance en actitud hostil", expresión con la que tomó distancia de la primera versión policial.

Al finalizar su intervención, sostuvo que lo sucedido había sido "una protesta de la tribu por su falta de medios de vida" y no "un atentado contra las actividades y contra el orden social".

Para Jasinski, la lectura integral del expediente muestra contradicciones con las primeras hipótesis que presentaban a los indígenas como agresores y que tendían a desligar de responsabilidades a quienes participaron de la represión. Sin embargo, aquella investigación no derivó en sanciones ni en resultados judiciales relevantes.

Por qué el informe habla de una masacre

El peritaje caracteriza los hechos de El Zapallar como una masacre a partir de las condiciones en las que se produjo el ataque.

Jasinski destaca que se trató de una población civil integrada por mujeres, niños, ancianos y hombres con escasa capacidad de defensa, enfrentada a policías y civiles armados en una relación de fuerzas marcadamente desigual.

Según el informe, tampoco existen elementos que permitan sostener que previamente hubiera ocurrido un ataque de los indígenas que justificara semejante despliegue represivo.

La caracterización, explica el historiador, no depende exclusivamente de establecer una cantidad determinada de muertos, sino de la naturaleza y las condiciones del episodio. Incluso recupera la definición de un funcionario estatal que, en 1936, calificó lo sucedido como una "estúpida carnicería".

Cuántas personas murieron

Uno de los principales interrogantes continúa siendo la cantidad de víctimas. El expediente de la época documentó dos muertes. Sin embargo, el informe advierte que esa cifra debe entenderse como un piso y no necesariamente como el número definitivo de fallecidos. 

Jasinski considera que tampoco resultaría metodológicamente válido establecer una cifra elevada sin respaldo documental, pero sostiene que limitar el número de víctimas únicamente a las registradas por la propia fuerza represiva conduciría a una conclusión igualmente problemática.

El estudio señala que se desconoce qué ocurrió con personas heridas que no recibieron asistencia, con quienes pudieron haberse ahogado al atravesar cursos de agua durante la huida y con aquellos que pudieron morir posteriormente como consecuencia del hambre y de las condiciones extremas que atravesaba la comunidad.

El informe compara esta dificultad documental con otras represiones de la época, como la Masacre de Napalpí, ocurrida en Chaco en 1924, y la de La Forestal, en el norte de Santa Fe en 1921, donde los registros oficiales iniciales también consignaron un número de fallecidos muy inferior al reconstruido posteriormente por las investigaciones históricas.

Despojo territorial, hambre y una sequía extrema

Otro de los puntos centrales del peritaje es que la Masacre de El Zapallar no puede analizarse por fuera del proceso de ocupación territorial y desplazamiento de las comunidades indígenas.

Según la reconstrucción histórica, para comienzos del siglo XX gran parte de las tierras más productivas del Chaco ya había sido ocupada, mientras las poblaciones originarias enfrentaban crecientes restricciones para cazar, pescar, recolectar y desplazarse libremente.

El informe menciona, entre otros antecedentes, un decreto de 1900 que obligaba a los indígenas a portar una libreta que acreditara que trabajaban para un patrón y establecía que aquellos que no la tuvieran podían ser "capturados y considerados como enemigos".

A esa situación se sumó una prolongada sequía que agravó las dificultades para conseguir alimentos y medios de subsistencia.

Para Jasinski, esa combinación colocó a numerosas comunidades frente a una situación límite: habían perdido buena parte de sus medios tradicionales de supervivencia y debían trasladarse por un territorio en el que su propia presencia fuera de los espacios asignados podía ser considerada sospechosa.

El informe también examina la relación entre la Policía territorial y los propietarios de la zona. Según la investigación, el sistema vigente permitía a sectores privados colaborar con el financiamiento y la conformación de las fuerzas locales, mientras que durante los hechos de 1933 también intervinieron civiles armados que reclamaban al comisario que actuara "enérgicamente".

Denuncias y obligaciones que ya existían en aquella época

El trabajo cuestiona además la idea de que la violencia contra los pueblos indígenas fuera considerada inevitable o aceptable de manera generalizada en aquellos años.

Para ello, repasa normas nacionales e internacionales vigentes y antecedentes de funcionarios e intelectuales que habían cuestionado previamente las políticas represivas contra las comunidades indígenas.

Entre ellos aparecen Juan Bialet Massé, Enrique Lynch Arribálzaga y el médico de la Cruz Roja Víctor Pongratz, quienes habían advertido sobre las consecuencias de las políticas estatales aplicadas sobre esas poblaciones.

El estudio también recupera publicaciones de la prensa chaqueña. Editoriales de La Voz del Chaco de septiembre de 1933 y artículos de La Estampa Chaqueña, según el peritaje, reclamaban que el Estado cumpliera con sus obligaciones de avanzar hacia una integración pacífica de las comunidades.

Quién es Alejandro Jasinski

Alejandro Jasinski es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y profesor adjunto de la Facultad de Filosofía y Letras de esa universidad. También integra proyectos de investigación vinculados al estudio de la represión y las violencias estatales en la Argentina.

Durante doce años formó parte de equipos de investigación del Programa Verdad y Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde trabajó en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad hasta su desvinculación en 2024.

Es autor de informes periciales sobre las masacres de Napalpí, ocurrida en Chaco en 1924, y de San Antonio de Obligado, en Santa Fe en 1887. También investigó la represión de La Forestal de 1921, tema de su tesis doctoral y de dos libros.

En materia de responsabilidad empresarial durante el terrorismo de Estado, participó además del informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado , publicado en 2015, y elaboró un estudio histórico incorporado a la causa judicial sobre Ford Motor Argentina.

Asimismo, participó en la elaboración de un informe sobre la búsqueda de Iván Eladio Torres Millacura presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y formó parte de la Unidad Ejecutora de la sentencia dictada en el Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí.