Caso de la falsa médica: agravaron la acusación y los exdirectores quedaron vinculados a la muerte de un paciente

La investigación contra Lidia Mabel Ojeda, acusada de ejercer la medicina sin contar con título habilitante y utilizando una matrícula que pertenecía a otro profesional, sumó un nuevo capítulo que amplía el foco sobre las responsabilidades dentro del Hospital de Quitilipi. 

El fiscal Marcelo Soto reformuló la acusación contra Ojeda y contra los exdirectores del establecimiento sanitario Carina Villalba y Daniel Acuña por la muerte de Lorenzo Blanco, el paciente de 63 años que falleció en diciembre de 2025 luego de haber sido atendido en el hospital.

La nueva imputación ubica el homicidio con dolo eventual en concurso real con los demás delitos investigados. En el caso de Ojeda, se mantienen además las acusaciones por usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina, consideradas entre sí bajo las reglas del concurso ideal.

Pero el cambio más significativo alcanza a quienes estuvieron al frente del hospital. La Fiscalía considera ahora a Villalba y Acuña  partícipes necesarios tanto del ejercicio ilegal de la medicina como del homicidio con dolo eventual de Blanco, además de atribuirles incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal es que las omisiones de control permitieron que una persona sin título médico habilitante pudiera ingresar al esquema de guardias, atender pacientes y tomar decisiones reservadas a profesionales de la salud.

La muerte de Lorenzo Blanco y la hipótesis de la Fiscalía

Blanco murió después de haber sido atendido por Ojeda en el Hospital de Quitilipi cuando atravesaba un cuadro de salud que se agravó. Para la Fiscalía, la intervención de la mujer tuvo incidencia en el desenlace fatal. Ojeda no poseía título habilitante ni una matrícula médica propia y, según determinó posteriormente la investigación, utilizaba el número de matrícula 6822, perteneciente al médico Horacio Daniel Vázquez.

En julio, durante una audiencia vinculada con su prisión preventiva, la propia Ojeda reconoció haber atendido a Blanco y haberle indicado paracetamol. El paciente falleció horas después.

Sobre esa base, Soto ya la había imputado por homicidio con dolo eventual, figura que supone que una persona lleva adelante una conducta pese a representarse la posibilidad de producir un resultado fatal. La reformulación conocida jerarquiza jurídicamente los distintos delitos atribuidos y extiende la presunta responsabilidad por la muerte hacia los exresponsables de la conducción hospitalaria.

Los exdirectores y los controles que quedaron bajo la lupa

Carina Villalba estuvo a cargo de la dirección y coordinación del Hospital de Quitilipi entre septiembre de 2024 y abril de 2026, mientras que Daniel Acuña ejerció como director entre agosto de 2025 y abril de este año.

Según la acusación fiscal, ambos permitieron que Ojeda cubriera guardias sin haber comprobado previamente documentación elemental para cualquier profesional médico: título habilitante, identidad y validez de la matrícula con la que se presentaba.

Por ese motivo, además del incumplimiento de los deberes de funcionario público, quedaron señalados como partícipes necesarios de la práctica ilegal de la medicina y, ahora, del homicidio con dolo eventual de Lorenzo Blanco.

Los dos exdirectivos ya habían sido incorporados formalmente a la investigación meses atrás. La Fiscalía comenzó a avanzar sobre ellos al intentar determinar quién autorizó el ingreso de Ojeda, cómo se gestionaban sus guardias y por qué no se detectó antes que la matrícula presentada pertenecía a otra persona.

Más de 1.200 pacientes y una causa que siguió creciendo

El casocomenzó a salir a la luz en abril . El 15 de ese mes, el Hospital de Quitilipi informó a las autoridades sanitarias que Ojeda realizaba guardias utilizando la matrícula profesional 6822. La Dirección de Fiscalización Sanitaria verificó ese mismo día que el número pertenecía a otro médico y que la mujer tampoco tenía una relación formal de dependencia con el Ministerio de Salud Pública.

Tras iniciarse las denuncias administrativas y penales, Ojeda salió de la provincia  y fue buscada a nivel nacional. Finalmente fue localizada y detenida  el 27 de abril en Buenos Aires y trasladada al Chaco el 8 de mayo. Actualmente continúa privada de su libertad mientras avanza la investigación.

La reconstrucción posterior reveló la magnitud de su paso por el sistema de salud. Estadísticas suministradas por el Hospital de Quitilipi indican que atendió a 1.232 pacientes entre mayo de 2025 y abril de 2026, solamente en ese establecimiento.

También se detectaron al menos nueve certificados o actas de defunción firmados por Ojeda . Ese dato forma parte de las líneas analizadas por la Fiscalía y los investigadores buscan determinar en cuáles de esos casos intervino previamente en la atención de los pacientes.

La causa, además, se extendió a otros episodios. Ojeda fue acusada por otro homicidio con dolo eventual relacionado con la muerte de Germán Luque, expediente en el que su defensa pidió recientemente su sobreseimiento y apuntó contra Acuña por la atención brindada al paciente. Ese planteo todavía debe ser resuelto.