Causa Alonso de Martina: la cronología y el reclamo de judiciales por el "desenganche"

La Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco  expresó su preocupación por el avance de la causa "Alonso de Martina y Otros S/ Acción de Amparo", iniciada en 2005 por un grupo de magistrados que reclamó una adecuación de sus remuneraciones bajo la garantía constitucional de intangibilidad. El gremio realizó un repaso del expediente y cuestionó las sucesivas decisiones adoptadas por el Tribunal ad hoc, en momentos en que se encuentra prevista una nueva audiencia para el 7 de septiembre de 2026 .

Comunicado de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco

Desde la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco  sostuvieron que el conflicto se remonta a 2005 y remarcaron que, tras diferentes resoluciones judiciales, en 2021 se sancionó la Ley 3424-A , que creó el Adicional Remunerativo Ajuste por Revisión y una Mesa Técnica Salarial. Posteriormente, a partir de reclamos y medidas gremiales, se consiguió incorporar a las entidades sindicales a esas mesas y establecer su realización cada tres meses con el objetivo de avanzar en la equiparación con la media salarial del NEA.

El sindicato cuestionó que, pese a que en diciembre de 2021 el Tribunal ad hoc había tenido por cumplido lo dispuesto en la Sentencia Nº160/20 a partir de la sanción de aquella ley, posteriormente se dictaron nuevas resoluciones ante presentaciones de los amparistas. Para la organización, esta situación implica avanzar sobre una cuestión que ya había adquirido carácter de cosa juzgada.

En ese sentido, la Unión cuestionó particularmente la utilización de la figura de una "sentencia complementaria" , al considerar que no se encuentra contemplada como tal en el Código Procesal Civil provincial. Según el planteo gremial, una sentencia que adquirió estado de cosa juzgada no puede ser posteriormente sustituida o modificada respecto del objeto del proceso.

Finalmente, desde el gremio advirtieron que las estrategias impulsadas por un grupo de jueces de Cámara activos y jubilados representan, según su postura, "un verdadero peligro para la caja provincial y para la ya desgastada caja del INSSSeP" . Además, vincularon el conflicto con históricos intentos de modificar el sistema de porcentualidad salarial del Poder Judicial y ratificaron su defensa de la Ley Nº468-A, así como de las conquistas obtenidas mediante la Ley Nº3424-A y sus modificatorias.