Abusó a punta de pistola de su hijastra de 11 años, la embarazó, estuvo 14 años prófugo pero la justicia lo sobreseyó

Apenas cinco días después de su captura, la Justicia sobreseyó a Alberto Martín Del Valle, de 56 años, en la causa en la que estaba acusado de abusar sexualmente de su hijastra cuando tenía 11 años, dejarla embarazada e intentar someterla a un aborto clandestino. 

El juez de Garantías Guillermo Mércuri declaró extinguida por prescripción la acción penal por los delitos de abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa. La resolución llegó luego de que Del Valle permaneciera prófugo durante más de 14 años y fuera finalmente detenido el domingo pasado en Florencio Varela.

El fallo no implica, sin embargo, que recupere inmediatamente la libertad. El acusado permanece detenido por otra investigación relacionada con el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, expediente en el que se le atribuyen cuatro hechos en concurso real y que fue acumulado a la causa principal.

La decisión volvió a colocar en el centro de la discusión el efecto que tuvo el paso del tiempo mientras Del Valle permanecía fuera del alcance de la Justicia. La querella ya adelantó que apelará el sobreseimiento y buscará que la Cámara de Garantías en lo Penal de Bahía Blanca vuelva a revisar el caso.

Una causa iniciada por hechos de 2009

La investigación se remonta a 2009. De acuerdo con el expediente, los abusos habrían ocurrido entre marzo y octubre de ese año en una vivienda de la ciudad bonaerense de Puan. La víctima tenía entonces 11 años y Del Valle era su padrastro. La acusación sostiene que el hombre habría abusado de ella reiteradamente, con acceso carnal y mediante amenazas de muerte.

Según la reconstrucción de la causa, también le habría apuntado con un arma a la cabeza y exigido que, si alguien le preguntaba qué había ocurrido, dijera que había sido atacada por un desconocido a la salida de la escuela. 

La niña quedó embarazada. En ese contexto, el acusado habría utilizado como excusa un supuesto viaje familiar para trasladarla hasta el conurbano bonaerense. En una vivienda de Quilmes se habría intentado interrumpir clandestinamente el embarazo mediante la colocación de una sonda.

El procedimiento no prosperó y la víctima finalmente dio a luz cuando todavía tenía 11 años. Posteriormente, un estudio de ADN estableció con un 99,9% de certeza la paternidad de Del Valle.

La investigación derivó en un pedido de captura dictado en marzo de 2012 por la UFI N°12 de Bahía Blanca, con intervención del Juzgado de Garantías N°1. Para ese momento, el acusado ya había desaparecido.

Catorce años prófugo y un tatuaje que permitió identificarlo

Durante más de una década, Del Valle logró permanecer fuera del alcance de la Justicia. Las investigaciones ubicaron distintos movimientos suyos por La Boca y Mar de Ajó y determinaron que habría utilizado nombres falsos para ocultar su identidad.

La familia de la víctima sostuvo además que se había vinculado con comunidades religiosas y comedores sociales para pasar desapercibido. Entre las identidades que habría utilizado figuraban Martín Morales y Jorge Lezcano, mientras que también era conocido como "Jaba" o "Jabalí".

La búsqueda cobró nuevo impulso durante los últimos meses y finalmente una información aportada por una persona de identidad reservada permitió ubicarlo en Florencio Varela.

El dato indicaba que podía encontrarse en una vivienda de la zona de Combate de San Lorenzo al 2200. Agentes de la DDI Dolores, la SDDI Chascomús y el GAD Quilmes montaron un operativo y lo interceptaron cuando salía del inmueble.

Ante los efectivos, el hombre volvió a proporcionar una identidad falsa y negó ser Alberto Martín Del Valle. Sin embargo, los investigadores contaban con una característica física que podía resultar decisiva: un tatuaje en su mano izquierda sobre el que había advertido la familia de la víctima.

La marca coincidía. Después de más de 14 años de búsqueda, Del Valle quedó detenido.

En la investigación también surgieron sospechas sobre la posible colaboración de personas de su entorno durante los años en los que estuvo prófugo. La vivienda de Florencio Varela donde finalmente fue localizado pertenece a un policía federal que es suegro de una de sus hijas.

La familia apelará el sobreseimiento

Una de las principales impulsoras de la búsqueda fue Yamila Segovia, hermana mayor de la víctima, quien durante estos años estudió Derecho y llegó a convertirse en abogada querellante de la causa. Tras la captura, Del Valle se negó a declarar ante la fiscal y quedó alojado en una comisaría de Coronel Pringles mientras se aguardaba un lugar dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Este viernes llegó la decisión que modificó el escenario: el juez Mércuri declaró prescripta la acción penal y dispuso su sobreseimiento. 

El magistrado retomó así un criterio que había sido adoptado previamente por la jueza Claudia Olivera y que posteriormente había sido revertido por la Cámara de Apelaciones. La familia anticipó que volverá a recurrir la resolución.

"Ahora más que nunca necesito de ustedes. Ahora más que nunca somos nosotros quienes debemos, entre todos, hacer ruido para que nos escuchen", expresó Segovia tras conocerse el fallo. La abogada aseguró que la posibilidad de una nueva declaración de prescripción estaba contemplada y sostuvo que la discusión judicial todavía no terminó.

"Esto yo me lo veía venir. Se hablaba mucho sobre la prescripción de la causa. El fallo anterior había sido revocado por la Cámara, pero nuevamente volvieron a firmar la prescripción. Pero no está todo dicho, no es el final", afirmó.

Además, adelantó: "Ahora la pelota pasa para la Cámara de Garantías en lo Penal de Bahía Blanca. Vamos a ir hasta la Corte si es necesario".

El caso que impulsó un proyecto para cambiar la prescripción

La situación de Del Valle también dio impulso a un debate que excede este expediente: qué ocurre con los plazos de prescripción cuando una persona acusada de delitos sexuales contra menores permanece prófuga durante años. 

A partir del caso surgió la denominada "Ley Segovia", una iniciativa impulsada por la diputada nacional Luciana Potenza y la senadora Anabel Fernández Sagasti que propone modificar el artículo 67 del Código Penal.

El proyecto busca establecer que, en los delitos sexuales y de trata de personas cometidos contra menores de 18 años, el plazo de prescripción de la acción penal se interrumpa mientras el imputado permanezca prófugo, haya sido declarado rebelde o exista una orden judicial vigente de captura o detención.

El cómputo del plazo volvería a correr recién cuando el acusado se presente ante la Justicia, sea detenido o quede efectivamente sometido al proceso.

La modificación apunta específicamente a cerrar una brecha de la legislación actual: impedir que el tiempo transcurrido mientras una persona evade deliberadamente a la Justicia termine beneficiándola posteriormente para obtener la prescripción de la causa.

Segovia cuestionó precisamente ese punto después del fallo: "Por este caso y por muchos más, donde buscan la fuga para quedar impunes, necesitamos que se reforme el artículo 67. No puede ser que estos responsables se sigan fugando para quedar impunes".

El proyecto aguarda ahora su tratamiento en las comisiones de Legislación Penal y de Familias, Niñez y Juventudes del Congreso.