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Anunciada por el presidente Javier Milei

Nueva Carta Orgánica del Banco Central: qué comparte y en qué se diferencia de los modelos regionales

El economista Juan Manuel Telechea elaboró un cuadro comparativo entre Argentina y los países de la región.

El Gobierno presentó un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que tiene un esquema institucional alineado con las prácticas que ya aplican Uruguay, Brasil, Chile y Colombia. El economista Juan Manuel Telechea elaboró un cuadro comparativo que muestra coincidencias en aspectos centrales como la prohibición del financiamiento directo al Tesoro, las restricciones al uso de determinados instrumentos y la definición de objetivos vinculados con la estabilidad de precios .

En cuanto a los objetivos, la iniciativa argentina fija como prioridad el combate contra la inflación y "preservación del valor de la moneda", como señaló el presidente Javier Milei en cadena nacional. Uruguay y Chile combinan esa meta con la estabilidad financiera, mientras que Brasil suma objetivos secundarios y Colombia concentra su mandato exclusivamente en la estabilidad de precios.

Uno de los cambios centrales consiste en la prohibición del financiamiento directo del Banco Central al Tesoro Nacional. Brasil y Chile aplican la misma regla. Colombia también lo prohíbe, aunque admite una excepción con aprobación unánime. Uruguay conserva esa posibilidad, pero bajo límites expresamente establecidos.

La compra de títulos públicos en el mercado secundario permanece habilitada en Argentina, al igual que en Uruguay, Brasil y Colombia. En Chile, esa herramienta solo puede utilizarse de manera excepcional ante crisis de liquidez. La compra de títulos públicos en el mercado secundario es una herramienta que permite al Banco Central comprar bonos del Estado a bancos, fondos de inversión u otros inversores, pero no directamente al Gobierno.

La propuesta también elimina la posibilidad de emitir letras intransferibles (son títulos de deuda que el Tesoro entrega al Banco Central a cambio de recibir dólares de las reservas internacionales), un criterio que coincide con la legislación vigente en Uruguay, Brasil, Chile y Colombia. 

Respecto del tratamiento de las ganancias, el proyecto establece que las ganancias contables se destinen a un fondo de reserva. Uruguay, Brasil y Colombia siguen el mismo esquema, mientras que Chile prohíbe ese mecanismo. En relación con las ganancias realizadas, Argentina y Brasil solo autorizan su utilización para el pago de deuda pública. En cambio, Uruguay, Chile y Colombia permiten otros destinos.

La iniciativa modifica además el régimen de designación de las autoridades del Banco Central. El presidente será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por un mandato de seis años y sin escalonamiento. Uruguay contempla un mandato de cinco años, también sin escalonamiento. Brasil y Colombia fijan períodos de cuatro años con renovación escalonada, mientras que Chile establece mandatos de diez años bajo el mismo criterio.

En materia de remoción, la propuesta argentina exige una mayoría de dos tercios del Senado y la participación de la Cámara de Diputados. Uruguay y Chile requieren aprobación del Congreso. En Brasil la decisión corresponde al Poder Ejecutivo, mientras que en Colombia interviene el directorio del propio Banco Central.

Otro aspecto distintivo del proyecto consiste en la incorporación de acciones penales por incumplimiento de deberes de las autoridades del Banco Central. Según la comparación regional, esa previsión no aparece en los regímenes de Uruguay, Brasil, Chile ni Colombia.

En conjunto, la propuesta busca dotar al Banco Central de un marco institucional más previsible, con mayores límites a la asistencia financiera al Estado, reglas más estrictas para la administración de sus recursos y un nivel de autonomía comparable con el de otros bancos centrales de América del Sur.