El Senado postergó el debate por la reforma de la Ley de Tierras

En lo que representó un nuevo revés en la estrategia legislativa del oficialismo, el Senado de la Nación postergó este jueves el tratamiento del polémico proyecto de ley que busca reconfigurar el mercado de tierras rurales y los regímenes de desalojo en la Argentina.  

A pesar de haber alcanzado el quórum necesario pasadas las 12 del mediodía, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados no lograron consolidar los votos afirmativos para aprobar el texto, decretando un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto, tras el receso invernal.  

La iniciativa, formalmente denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, representa uno de los pilares de la agenda del Poder Ejecutivo para desregular la economía, flexibilizar inversiones y modificar regulaciones ambientales. 

Sin embargo, la disconformidad en sectores de la oposición dialoguista respecto a la letra chica —que ya acumulaba al menos quince borradores de modificación— forzó una nueva parálisis en el recinto justo antes del cierre de la actividad parlamentaria ordinaria. 

LOS TRES EJES DEL DEBATE

El proyecto en danza introduce profundas reformas estructurales que dividen las aguas en el Congreso: 

• Extranjerización sin topes: elimina las restricciones vigentes de la Ley 26.737 (de 2011), la cual fija un techo del 15% a la posesión de tierras rurales por parte de extranjeros. El nuevo texto remueve dicho tope, prescinde del límite de 1.000 hectáreas por titular en la codiciada "zona núcleo" agropecuaria e incluso flexibiliza la adquisición de terrenos linderos a cuerpos de agua permanentes o en fronteras de seguridad.  
• Mecanismo de "desalojo exprés": diseña un protocolo judicial acelerado para desocupar inmuebles tomados, limitando además cualquier tipo de ocupación temporaria o expropiación del Estado a un máximo de 90 días.  
• Cambios en el Manejo del Fuego: se deroga la prohibición de realizar desarrollos inmobiliarios o cambios en el uso del suelo por un plazo de 30 años en zonas arrasadas por incendios, un punto fuertemente criticado por colectivos ambientalistas que alertan sobre posibles incentivos a la especulación inmobiliaria en bosques nativos.  

Ante la fuerte resistencia en casos de vulnerabilidad habitacional, los negociadores oficiales aceptaron incorporar una prórroga de 10 días para ejecutar desalojos en aquellos hogares donde residan menores, adultos mayores o personas con discapacidad.

ESCENARIO DE PARIDAD E INCERTIDUMBRE

Desde la oposición dura, las críticas volvieron a centrarse en la pérdida de soberanía. Voces del bloque de Unión por la Patria sostuvieron que la reforma equivale a una "entrega total del país", argumentando que debilita el control estatal sobre recursos naturales estratégicos en regiones clave como la Patagonia y el Norte del país.  

Por su parte, defensores del proyecto de LLA insisten en que las normativas actuales "criminalizan" y ahuyentan a los inversores internacionales. Argumentan que liberar las transacciones de tierras de regulaciones burocráticas no solo dinamizará el sector agropecuario, sino que también otorgará seguridad jurídica plena a los propietarios en todo el territorio nacional.

Con las cartas sobre la mesa y los senadores retirándose a sus provincias para las semanas de receso, el oficialismo enfrenta ahora el desafío de reactivar los puentes de diálogo para evitar que la emblemática reforma termine naufragando definitivamente en el mes de agosto.