Ley de Inviolabilidad de la Propiedad: qué cambia con el proyecto que debate el Senado
La iniciativa impulsada por el Gobierno modifica los regímenes de expropiaciones, desalojos, propiedad rural y manejo del fuego. Entre otros puntos, busca acelerar los desalojos de inmuebles usurpados y flexibilizar la compra de tierras rurales por parte de particulares extranjeros.
El Senado debatirá esta semana el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional para reforzar la protección del derecho de propiedad. El texto, que obtuvo dictamen de mayoría en mayo tras varias modificaciones durante su tratamiento en comisiones, introduce cambios en materia de expropiaciones, desalojos, propiedad rural, regularización dominial y manejo del fuego.
El oficialismo sostiene que la reforma apunta a brindar mayor seguridad jurídica, agilizar los procesos judiciales y generar condiciones más favorables para la inversión. En cambio, distintos sectores de la oposición y organizaciones sociales y ambientalistas cuestionan el alcance de algunas de las modificaciones previstas. Los principales cambios que propone el proyecto son los siguientes:
Expropiaciones más restrictivas
La iniciativa endurece los requisitos para que el Estado pueda expropiar un bien. Cada declaración de utilidad pública deberá acreditar criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Además, establece que el Estado solo podrá tomar posesión del inmueble una vez abonada la indemnización completa.
El proyecto también dispone que la compensación contemple la actualización monetaria y el lucro cesante cuando pueda demostrarse objetivamente, mientras que la valuación del inmueble deberá fijarse antes de que se anuncie oficialmente la expropiación para evitar una eventual pérdida de valor.
Desalojos más rápidos frente a usurpaciones
Uno de los puntos centrales de la reforma modifica el procedimiento para los casos de ocupaciones ilegales. La propuesta establece trámites sumarísimos y habilita a los jueces a ordenar la restitución anticipada de un inmueble cuando existan pruebas claras de una usurpación . Para ejecutar la medida, la Justicia podrá requerir directamente el auxilio de las fuerzas de seguridad.
Durante el debate parlamentario se incorporó una cláusula que obliga a intervenir a los organismos competentes cuando entre los ocupantes haya menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad. Esa asistencia social deberá brindarse sin suspender el avance del proceso judicial.
Cambios en la compra de tierras rurales
La iniciativa mantiene la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales en el país, pero elimina restricciones vigentes para personas físicas y empresas extranjeras.
Además, incorpora el mecanismo de silencio administrativo positivo, por el cual determinadas autorizaciones se considerarán aprobadas si la administración no responde dentro del plazo previsto.
Nuevas condiciones para la regularización dominial
El proyecto también modifica la denominada Ley Pierri, utilizada para regularizar la posesión de inmuebles. Entre los cambios, exige acreditar 10 años de posesión pacífica y continua, limita el beneficio a viviendas únicas y permanentes e incorpora excepciones para agricultores familiares.
Reforma de la Ley de Manejo del Fuego
Otro de los puntos que genera mayor controversia es la derogación de las restricciones que impedían cambiar el uso o vender determinados terrenos afectados por incendios forestales. Para el oficialismo, la medida elimina trabas consideradas excesivas, mientras que organizaciones ambientalistas advierten que podría incentivar prácticas especulativas sobre tierras incendiadas.
Digitalización de los registros inmobiliarios
La propuesta crea una Ventanilla Única Federal y una Red Federal de Publicidad de Inhibiciones, con el objetivo de digitalizar los registros inmobiliarios, simplificar trámites y unificar el acceso a la información registral en todo el país.
