El Gobierno prorrogó la emergencia eléctrica hasta fines de 2027
La medida fue oficializada mediante un DNU y alcanza a la generación, el transporte y la distribución de energía bajo jurisdicción federal. El Ejecutivo argumentó que persisten problemas estructurales de infraestructura, financiamiento y abastecimiento, además de la estrecha dependencia entre el sistema eléctrico y el gas natural.
El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del sector eléctrico bajo jurisdicción federal mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La decisión extiende el régimen excepcional para los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, y equipara su vigencia con la emergencia ya vigente para el transporte y la distribución de gas natural.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que aún persisten riesgos técnicos, operativos, regulatorios y financieros que podrían comprometer la continuidad y la calidad del servicio eléctrico si se interrumpiera el actual esquema de transición.
Entre los principales argumentos figura el estado de la infraestructura. El Gobierno advirtió que gran parte del parque generador presenta un importante grado de envejecimiento y que las redes de transporte operan con márgenes reducidos. Además, señaló que las principales estaciones transformadoras registran niveles de utilización superiores al 90%, mientras que más del 60% de las fallas en distribución se producen en alimentadores con más de 25 años de antigüedad.
El decreto también remarca que durante 2025 las ampliaciones del sistema eléctrico fueron insuficientes frente a las necesidades del país. Según el informe técnico citado, apenas se incorporaron 154 kilómetros de nuevas líneas de transporte y 1.580 MVA de capacidad de transformación, cifras que el Gobierno considera insuficientes para resolver las restricciones estructurales del sistema.
Reservas ajustadas y riesgo de cortes
Otro de los puntos destacados es el reducido margen de reserva operativa del sistema eléctrico. De acuerdo con el decreto, durante el pico de demanda registrado en febrero de 2025 —cuando el consumo alcanzó los 30.257 megavatios— el margen disponible fue de apenas el 4,4%, un nivel que el Ejecutivo considera insuficiente para afrontar contingencias, olas de calor, eventos climáticos extremos o fallas inesperadas.
Por ese motivo, sostiene que todavía resulta necesario mantener mecanismos excepcionales de confiabilidad, almacenamiento de energía, administración del despacho y gestión de la demanda mientras avanzan las obras de infraestructura.
La relación con el gas natural
El Gobierno también justificó la extensión de la emergencia por la fuerte dependencia que existe entre el sistema eléctrico y el gas natural.
El decreto explica que gran parte de la generación eléctrica del país continúa dependiendo de centrales térmicas alimentadas con gas, por lo que cualquier modificación en el transporte, la disponibilidad o la contratación de ese combustible impacta directamente sobre el abastecimiento eléctrico y sobre los costos de generación.
En ese marco, el Ejecutivo consideró imprescindible que ambas emergencias —la del gas y la de la electricidad— tengan el mismo plazo de vigencia para garantizar una coordinación regulatoria y operativa durante el proceso de transición.
Subsidios, tarifas y CAMMESA
La norma también hace referencia al proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la reducción gradual de subsidios y la recuperación financiera del sector.
En ese sentido, destaca que la tasa de cobrabilidad administrada por CAMMESA pasó de alrededor del 48% a fines de 2023 a aproximadamente el 97% tras la implementación de distintos regímenes de regularización de deudas y la recomposición tarifaria.
No obstante, el Gobierno advierte que ese proceso aún no está consolidado y que una interrupción de las medidas excepcionales podría afectar nuevamente la cadena de pagos, generar incertidumbre para las inversiones y comprometer el abastecimiento.
Además, reconoce que los usuarios residenciales que reciben subsidios todavía pagan, en promedio, cerca del 24% del costo estacional de la energía, por lo que considera necesario continuar con una reducción gradual de las asistencias estatales dentro del nuevo esquema de subsidios focalizados.
Reformas en marcha
El Ejecutivo también argumentó que todavía se encuentra en desarrollo el proceso de reforma del Mercado Eléctrico Mayorista, que incluye nuevas reglas para la contratación de energía, mayor participación del sector privado, incentivos a la competencia y cambios regulatorios que, según el decreto, requieren un período de transición para evitar alteraciones en el funcionamiento del sistema.
En ese contexto, sostuvo que la prórroga de la emergencia permitirá mantener las herramientas regulatorias necesarias hasta completar ese proceso y avanzar con obras estratégicas de transporte eléctrico consideradas prioritarias para mejorar la capacidad y la confiabilidad de la red nacional.
La emergencia energética había sido declarada originalmente en diciembre de 2023 y ya había sido prorrogada en 2024 y 2025. Con esta nueva decisión, el Gobierno extendió el régimen excepcional hasta el 31 de diciembre de 2027.
