Tras 62 despidos en la CNEA, crecen las denuncias por el futuro del plan nuclear argentino
Los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica cuestionaron la decisión de no renovar contratos y advirtieron sobre el impacto en un área estratégica. El Gobierno sostuvo que solo finalizaron vínculos temporarios que ya no eran necesarios.
La decisión del Gobierno nacional de no renovar 62 contratos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) abrió un fuerte conflicto entre las autoridades y los trabajadores del organismo. Mientras los empleados denuncian un "desmantelamiento" del plan nuclear argentino y advierten sobre el impacto en un sector estratégico, la administración de Javier Milei sostiene que únicamente concluyeron contratos temporarios cuya continuidad ya no era necesaria.
Uno de los referentes de los trabajadores, Ignacio Cortés, afirmó que la reducción de personal contradice el discurso oficial sobre el impulso a la energía nuclear. Según explicó, la Argentina desarrolló durante décadas capacidades tecnológicas propias y las decisiones adoptadas ponen en riesgo ese patrimonio científico e industrial.
Desde el Gobierno rechazaron esa interpretación. Durante la conferencia de prensa del martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que no existe un vaciamiento de la CNEA y sostuvo que los contratos que finalizaron habían sido celebrados en 2023 con carácter temporario. Además, afirmó que los profesionales del sector continúan desarrollando sus tareas en el país y descartó una pérdida de capacidades técnicas.
De acuerdo con los trabajadores, la CNEA cuenta con unos 310 empleados contratados a plazo fijo y las autoridades resolvieron no renovar el vínculo laboral de 62 de ellos. Cortés sostuvo que entre los afectados hay técnicos y personal administrativo que cumplían funciones permanentes y advirtió que la decisión compromete áreas esenciales para el funcionamiento del organismo.
El dirigente también señaló que el resto de los contratados teme nuevas desvinculaciones y reclamó la reincorporación de los despedidos. A su entender, la Comisión ya opera con una dotación inferior a la necesaria para sostener sus actividades.
Las críticas alcanzaron además a la conducción del organismo. Los trabajadores cuestionan la incorporación de funcionarios sin trayectoria en el sector nuclear y sostienen que se incrementó la estructura jerárquica mientras los salarios del personal permanecen bajos.
En ese sentido, en los últimos días generó indignación la designación de la instructora de yoga Gisela Mangone al frente de la gerencia de Recursos Humanos del organismo.
Según remarcaron, la CNEA cumple un rol central no solo en el desarrollo de la energía nuclear, sino también en la minería de uranio, la producción de combustible nuclear, la medicina nuclear, la industria satelital, la metalmecánica y la investigación científica en conjunto con la Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Para los representantes gremiales, el conflicto forma parte de un escenario más amplio de reducción de recursos destinados al sistema científico y tecnológico nacional, con posibles consecuencias sobre el desarrollo de tecnología de alto valor agregado y la generación de empleo calificado.
El proyecto de una central nuclear privada
La discusión coincide con el anuncio del Gobierno sobre una iniciativa privada para construir una nueva central nuclear en el complejo de Atucha, impulsada por la empresa Meitner Energy y financiada íntegramente con capitales estadounidenses.
Según explicó Ravier, se trataría del primer reactor nuclear del país financiado completamente por inversión privada y representaría la mayor inversión realizada hasta ahora en el sector nuclear argentino. El proyecto prevé la creación de unos 2.000 puestos de trabajo y, de concretarse, podría acceder a los beneficios contemplados en el denominado Súper RIGI, aún en tratamiento legislativo.
Los trabajadores de la CNEA cuestionaron la iniciativa y sostuvieron que el Estado cuenta con la capacidad técnica para desarrollar este tipo de proyectos. En ese sentido, advirtieron que otorgar beneficios fiscales durante décadas a una empresa privada implicaría ceder parte de los beneficios económicos, tecnológicos y estratégicos derivados de una tecnología que la Argentina ya domina.
