Revés judicial para Milei: la Corte rechazó apartar a los jueces de la causa por el financiamiento universitario
El máximo tribunal desestimó las recusaciones impulsadas por el Gobierno nacional y ratificó la continuidad del expediente que reclama fondos para las universidades públicas y la recomposición salarial docente.
La Corte Suprema de Justicia rechazó las recusaciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei contra los jueces que intervienen en la causa por el financiamiento de las universidades públicas y dejó firme la continuidad del expediente judicial que reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
El conflicto comenzó luego de que el Ejecutivo dictara el Decreto 759/2025, firmado por Milei, mediante el cual suspendió la aplicación de la ley hasta definir fuentes específicas de financiamiento. Frente a esa decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo colectivo y obtuvo una medida cautelar que ordenó al Estado transferir los fondos adeudados a las universidades y recomponer salarios docentes.
La cautelar fue dictada por el juez Martín Cormick y posteriormente ratificada por la Sala III de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, integrada por Sergio Fernández y Alberto Morán.
En un intento por frenar el avance del expediente, el Gobierno recusó a los magistrados argumentando que ejercen la docencia en universidades nacionales. También planteó que los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, debían apartarse porque también tienen actividad académica.
Sin embargo, los jueces rechazaron ese planteo y recordaron que las recusaciones son de carácter restrictivo porque implican apartar a un juez natural de una causa. Además, sostuvieron que desempeñarse como docente universitario no representa un interés personal directo sobre el resultado del litigio.
La resolución se conoció pocos días después de que ingresara al expediente una carta impulsada por Amnistía Internacional Argentina y firmada por más de 4.700 personalidades, académicos y organizaciones sociales, en la que reclamaron a la Corte una definición urgente sobre el financiamiento universitario.
La presentación fue enviada por Mariela Belski y remarca que la educación universitaria pública constituye una responsabilidad indelegable del Estado. Entre los firmantes aparecen figuras del ámbito judicial y académico como Daniel Rafecas, Alejandro Slokar, Roberto Gargarella y Dora Barrancos, entre otros.
En paralelo, estudiantes y docentes continúan realizando actividades públicas frente al Palacio de Tribunales para exigir que el máximo tribunal avance con el tratamiento de fondo de la causa.
