Femicidios en Argentina: el 76% de las víctimas menores tenía menos de 15 años

A 11 años del femicidio de Chiara Páez, el crimen que impulsó el nacimiento del movimiento Ni Una Menos en Argentina, un nuevo informe volvió a poner el foco sobre una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres y las infancias.  

Según el Observatorio ‘Ahora Que Sí Nos Ven’, el 76% de las víctimas de femicidio menores de 17 años tenía menos de 15 años. El reciente caso de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba tras permanecer desaparecida durante varios días, reavivó las críticas sobre las fallas estatales en la prevención, la búsqueda y la protección.

El femicidio de Chiara Páez, asesinada en 2015 por su novio en la ciudad santafesina de Rufino, marcó un antes y un después en el país. Once años después, las cifras muestran que las niñas y adolescentes siguen siendo uno de los sectores más vulnerables frente a la violencia machista.

El relevamiento del Observatorio indicó que el 30% de las víctimas tenía entre 0 y 5 años, el 19% entre 6 y 10 años y el 27% entre 11 y 15 años. A diferencia de los femicidios de mujeres adultas, donde los agresores suelen ser parejas o exparejas, en los casos de niñas y adolescentes el 34,6% de los femicidas pertenecía al entorno familiar. 

La coordinadora del Observatorio, Raquel Vivanco, advirtió que estos crímenes ocurren muchas veces en espacios que deberían garantizar cuidado y protección. "Cuando el agresor es un familiar o una persona cercana, las posibilidades de pedir ayuda se reducen drásticamente", sostuvo.

El informe también alertó sobre otro dato preocupante: el 19% de las niñas y adolescentes víctimas de femicidio sufrió abuso sexual antes del crimen, una cifra muy superior a la registrada en mujeres adultas. Además, el 22% había sido reportada como desaparecida antes de ser encontrada sin vida.

Para Vivanco, esos casos reflejan fallas graves en los mecanismos de búsqueda y protección. "Que más de dos de cada diez víctimas menores de 17 años hayan estado desaparecidas previamente evidencia que existieron instancias en las que una intervención rápida y coordinada podría haber resultado decisiva para proteger sus vidas", expresó.

El caso de Agostina Vega

El caso de Agostina Vega  volvió a instalar esa discusión. La adolescente fue vista por última vez el 23 de mayo y la Alerta Sofía recién se activó cuatro días después. La demora generó fuertes cuestionamientos al accionar de la Policía y la Justicia de Córdoba.

"La desaparición de niñas y adolescentes debe ser abordada como una situación de máxima urgencia desde el primer momento, sin esperar plazos ni minimizar riesgos", reclamó Vivanco.

La referente también pidió fortalecer la articulación entre fuerzas de seguridad, Justicia, organismos de niñez y áreas especializadas en violencia de género. Además, remarcó la necesidad de incorporar perspectiva de género e infancia en cada intervención y de escuchar las denuncias de familiares y personas cercanas.

En ese contexto, el Observatorio advirtió sobre el retroceso de políticas públicas vinculadas a prevención y asistencia. La Educación Sexual Integral (ESI) fue señalada como una herramienta clave para detectar situaciones de abuso y violencia desde edades tempranas.

"La Educación Sexual Integral cumple un rol fundamental porque brinda herramientas para identificar situaciones de abuso, reconocer vulneraciones de derechos y saber a quién recurrir", explicó Vivanco.

Desmantelamiento de programas de protección

El informe también vinculó la problemática con el desmantelamiento de programas estatales. Según datos del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), entre 2023 y 2025 se profundizó el recorte de políticas de género en Argentina . Entre las medidas señaladas aparecen el cierre del Ministerio de las Mujeres, la discontinuidad de programas como Acompañar y la Línea 144, y la degradación de áreas provinciales de género.

Otro de los puntos señalados fue la desarticulación del Plan ENIA, que trabajaba con adolescentes en escuelas y espacios territoriales abordando temas como violencia de género, abuso, vínculos y afectividad.

Según ELA, el proyecto de Presupuesto 2026 consolida esa tendencia: las partidas destinadas a políticas clave contra la violencia de género registran un recorte conjunto del 89% en comparación con 2023.