Condenan a un matrimonio de gitanos por obligar a una nena de 13 años a casarse con su hijo
Fueron sentenciados a 10 años de cárcel. El joven con el que se casó la chica también fue condenado. El tribunal ordenó adempas una reparación económica de $75 millones para la víctima.
Un matrimonio de gitanos fueron condenados en San Juan, a 10 años de prisión por haber captado, trasladado y explotado a una nena de 13, a la que obligaron a casarse con su hijo, quien recibió la misma condena.
La sentencia, dictada por el juez federal Daniel Doffo, incluyó una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima, que vivió años de violencia y vulnerabilidad.
El tribunal consideró responsables a Alberto Cristo, de 45 años; Isabel Cristo, de 46, y a su hijo Franco por el delito de trata de personas agravada, ya que la víctima era menor de edad.
Los tres, integrantes de la comunidad gitana, obligaron a la adolescente a una unión forzada con el joven, que tenía 20 años, cuando ella apenas tenía 13.
Según la investigación, el matrimonio entregó 825 mil pesos a los padres de la joven para concretar el matrimonio en Neuquén, entre marzo y abril de 2022.
Luego, la adolescente fue trasladada a Santa Fe, donde la sometieron a servidumbre sexual, doméstica y laboral hasta diciembre de 2024.
Durante ese tiempo, la víctima sufrió golpes, quemaduras con cigarrillos y agua caliente, insultos y amenazas. La obligaron a vender en la calle bajo condiciones extremas y a realizar todas las tareas domésticas para la familia. Todo el dinero que obtenía debía ser entregado a los explotadores, bajo amenaza de dejarla sin comida o recursos, incluso durante sus embarazos.
En diciembre de 2024, la joven se mudó a San Juan junto a Franco y el hijo que tuvieron en común. Allí, la familia de los condenados intentó llevársela nuevamente a Santa Fe por la fuerza. Aprovecharon una distracción de los padres de la adolescente y la subieron a una camioneta. La joven intentó escapar con su hijo en brazos en la localidad de Caucete, pero fue alcanzada y obligada a subir al vehículo.
La situación fue advertida por una persona en una estación de servicio, que llamó al 911. Tras la intervención de la policía y el monitoreo de cámaras de seguridad, lograron detener el vehículo y rescatar a la víctima y a su hijo.
En el juicio, el fiscal Fernando Alcaraz remarcó: "No soslayamos que el rito de matrimonio infantil analizado se produjo en el marco de prácticas culturales propias de la comunidad gitana. Sin embargo, ello no resulta explicación suficiente para la violación de los derechos de V.S.Y en el territorio argentino".
Mientras que la fiscal de PROTEX, Alejandra Mángano, recordó que "el matrimonio infantil está prohibido por los tratados de derechos humanos" y que ninguna práctica cultural puede justificar la violación de derechos fundamentales.
