Amenazas en escuelas: advierten sobre la responsabilidad penal de los adolescentes
El abogado Juan Arregín, advirtió que las amenazas en escuelas no son bromas y remarcó que adolescentes de 16 y 17 años ya pueden ser penalmente responsables, mientras se ampliará el régimen a menores de 14 y 15.
En medio de la preocupación por las reiteradas amenazas en establecimientos educativos de Resistencia, el abogado penalista Juan Arregín se refirió al fenómeno y lo vinculó con el régimen penal juvenil vigente en la Argentina.
Según explicó, los episodios recientes —que incluyen advertencias falsas sobre bombas o ataques armados— no deben interpretarse como simples bromas. "Son situaciones que aparentemente son chistosas, pero no lo son porque generan daños terribles", sostuvo, al tiempo que remarcó el impacto que provocan en la comunidad educativa y en los operativos de seguridad que se activan ante cada caso.
El letrado también señaló que este tipo de conductas se inscribe en un contexto más amplio que incluye el hostigamiento escolar y los llamados "retos virales", muchas veces difundidos a través de redes sociales. En ese sentido, advirtió que detrás de estos hechos hay una subestimación de las consecuencias legales por parte de los jóvenes.
Arregín explicó que, bajo el régimen actual —vigente desde hace casi cinco décadas—, los adolescentes de 16 y 17 años pueden ser penalmente responsables. "Si fueron descubiertos quienes realizaron amenazas, son responsables", afirmó, en relación con los casos que se investigan en la ciudad.
Además, anticipó cambios en el sistema: a partir del 9 de septiembre, entrará en vigencia una modificación que ampliará el alcance del régimen penal juvenil, incorporando también a jóvenes de 14 y 15 años. Esto implicará que un universo mayor de menores podrá ser alcanzado por sanciones penales en situaciones como las registradas en los últimos días.
El análisis del especialista se da en un contexto de creciente inquietud social, donde las amenazas —aunque en muchos casos resulten falsas— generan evacuaciones, suspensión de clases y despliegues de fuerzas de seguridad, con consecuencias que exceden ampliamente la intención inicial de quienes las realizan.
