Desalojos exprés y expropiaciones: ¿Qué dice el proyecto que el Gobierno envió al Senado?
La iniciativa propone desalojos en plazos abreviados, redefine las condiciones para expropiar bienes y modifica el acceso a la tierra, con cambios que impactan en la inversión, la regulación ambiental y la regularización de barrios populares.
El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto de ley que introduce cambios en el régimen de propiedad privada, con el objetivo de agilizar desalojos y redefinir las condiciones para las expropiaciones y el acceso a la tierra.
Uno de los puntos centrales es la modificación del Código Procesal Civil y Comercial para establecer el juicio sumarísimo en casos de desalojo. De aprobarse, los jueces deberán resolver en un plazo de cinco días los pedidos de restitución de inmuebles urbanos o rurales ocupados de manera ilegal.
La iniciativa también incorpora cambios en el régimen de expropiación. Propone endurecer los requisitos para que el Estado pueda tomar posesión de bienes privados, exigiendo una declaración previa de utilidad pública que deberá cumplir criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Además, obliga a justificar que la expropiación es el mecanismo menos restrictivo para alcanzar el interés general.
En materia de compensaciones, el proyecto establece que el valor del bien deberá fijarse tomando como referencia el momento previo a cualquier intervención estatal que pudiera afectar su precio. También incluye el reconocimiento del lucro cesante dentro de la indemnización.
El texto avanza, además, sobre otras normativas vinculadas al uso y acceso a la tierra. Entre ellas, elimina restricciones a la compra de propiedades por parte de extranjeros, al considerar que desincentivan la inversión, especialmente en el sector agropecuario. El control se mantendría únicamente en operaciones que involucren a Estados extranjeros o entidades asociadas.
En relación con la ley de manejo del fuego, propone reducir el alcance de la prohibición para vender terrenos afectados por incendios. La restricción quedaría limitada a áreas protegidas por normas específicas de preservación ambiental.
Otro de los ejes es la modificación del régimen de regularización de barrios populares. La propuesta apunta a descentralizar el proceso y transferir a provincias y municipios la facultad de definir los mecanismos de regularización dominial.
En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostiene que la iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica y remover regulaciones que, según argumenta, afectaron el derecho de propiedad en los últimos años.
