Oficina Anticorrupción: el Gobierno aceptó la renuncia de Melik y designó a Gabriela Zangaro
El recambio se formalizó en medio de cuestionamientos políticos y denuncias cruzadas vinculadas a investigaciones recientes.
El Gobierno oficializó la salida de Alejandro Melik al frente de la Oficina Anticorrupción y designó en su reemplazo a la abogada Gabriela Zangaro. La decisión se concretó en un contexto de tensión política por denuncias que involucran a funcionarios del Ejecutivo.
Melik había asumido a fines de 2023, en el inicio de la gestión de Javier Milei, y respondía al entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Su rol quedó bajo la lupa tras su intervención en el caso vinculado a la criptomoneda $LIBRA, donde resolvió desligar de responsabilidad al Presidente.
Esa decisión derivó en una denuncia por presunto abuso de autoridad y encubrimiento impulsada por los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. Ambos integran la comisión investigadora del Congreso que analiza el impacto del proyecto cripto y sus posibles irregularidades.
En ese marco, solicitaron avanzar sobre las comunicaciones entre Melik y distintos funcionarios, entre ellos el propio Milei, la secretaria general Karina Milei, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, el asesor presidencial Santiago Caputo y el vocero Manuel Adorni, para determinar si existió interferencia política en la resolución del organismo.
El ahora ex titular de la OA también protagonizó un conflicto institucional cuando rechazó una citación de la comisión investigadora del Congreso en septiembre del año pasado, lo que profundizó las críticas de sectores opositores.
Su reemplazante, Zangaro, se desempeñaba como jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en la Ciudad de Buenos Aires y forma parte del Consejo de la Magistratura porteño. Con una trayectoria iniciada en la década del 90, intervino en distintas causas vinculadas al narcomenudeo y delitos urbanos.
Su designación se da en paralelo a la intención del Ministerio de Justicia de redefinir el rol de la Oficina Anticorrupción en los procesos judiciales, con la posibilidad de que el organismo deje de actuar como querellante en causas de corrupción.
