Ley Hojarasca: el Gobierno busca derogar 70 normas con un recorte en bloque
Apunta a eliminar leyes consideradas obsoletas mediante un anexo único, con vigencia inmediata y criterios técnicos que buscan simplificar el sistema jurídico y reducir trabas a la actividad económica.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que propone derogar 70 normas vigentes consideradas obsoletas o incompatibles con la Constitución. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, será tratada en primer término por la Cámara de Diputados.
Bajo el nombre de "Ley Hojarasca", el Poder Ejecutivo busca eliminar regulaciones que, según sus fundamentos, generan trabas para la actividad económica y complejizan el sistema legal argentino. El objetivo es reducir la acumulación normativa construida durante décadas, que hoy dificulta la aplicación de las leyes y afecta la seguridad jurídica.
La iniciativa ya había ingresado al Congreso en 2024, pero perdió estado parlamentario. En esta nueva presentación, el oficialismo insiste en que el exceso de regulación funciona como un freno para el desarrollo productivo.
El proyecto establece seis criterios para justificar la depuración normativa, entre ellos el desfasaje tecnológico, la pérdida de finalidad, la superposición de leyes y la existencia de organismos inoperantes. El relevamiento abarca legislación dictada desde 1864 hasta la actualidad y propone una derogación en bloque a través de un anexo.
Entre los casos incluidos aparecen normas que quedaron superadas por legislación más moderna, como antiguas leyes sanitarias o disposiciones vinculadas a seguros agrícolas que perdieron vigencia tras reformas del Código Civil. También se apuntan regulaciones desactualizadas por los cambios tecnológicos, como las que regulaban la microfilmación en las Fuerzas Armadas o la autorización de la televisión a color.
El proyecto pone el foco en normas que podrían vulnerar derechos individuales. En ese sentido, incluye leyes que penalizan conductas vinculadas a sanciones internacionales o que habilitan la supervisión estatal de reuniones privadas, consideradas incompatibles con garantías constitucionales.
Otro grupo abarca disposiciones que generan cargas burocráticas o estructuras sin funcionamiento real, como exigencias administrativas sin impacto concreto o la creación de organismos que fueron perdiendo operatividad. Incluso se mencionan casos puntuales, como la regulación de sorteos en salas de cine, cuya aplicación alcanza a una porción mínima del público, con costos superiores a los beneficios.
La iniciativa también apunta a normas vinculadas a organismos ya disueltos o procesos extinguidos, así como a entidades que reciben financiamiento estatal y que, de aprobarse el proyecto, deberán sostenerse con recursos propios.
Entre los ejemplos más llamativos figuran disposiciones que aún contemplan sanciones incompatibles con la Constitución, beneficios que perdieron sentido con la universalización de servicios públicos y regulaciones que condicionan actividades culturales o comerciales a autorizaciones consideradas innecesarias.
El texto también propone eliminar requisitos como el carnet obligatorio para mochileros, vigente desde la década del 70, y otros privilegios o permisos especiales, como facilidades de circulación para legisladores o regulaciones sobre contenidos en medios que quedaron fuera de época.
La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de desregulación. El Ejecutivo sostiene que la depuración permitirá un sistema legal más claro, con menos superposición de normas y mayor previsibilidad para la actividad económica.
