El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de Fate
Se abre una instancia de mediación entre la empresa y el gremio del neumático.
El Gobierno resolvió dictar la conciliación obligatoria en el conflicto en la fábrica de neumáticos Fate y ordenó dejar sin efecto los despidos de más de 900 empleados.
La medida, que regirá por 15 días, fue anunciada luego de la convocatoria a ambas partes desde la secretaría de Trabajo, que preside Julio Cordero.
La conciliación obligatoria fue formalizada mediante una disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo que encuadra el conflicto en el marco de la Ley 14.786 y declaró iniciado el período conciliatorio a partir de las 13 de este miércoles.
Así, se dispone retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto durante el plazo de quince días, por lo que la empresa deberá dejar sin efecto los despidos producidos por el tiempo que dure el procedimiento y otorgar tareas en forma normal y habitual, mientras que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) deberá cesar toda medida de acción directa.
Desde el Gobierno manifestaron enojo contra el titular de FATE, Javier Madanes Quintanilla, porque interpretan que el anuncio del cierre de la empresa tuvo intencionalidad política, en la previa del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara Diputados.
El Gobierno remarcó que la secretaría de Trabajo interviene en el caso desde junio de 2024, desde que la empresa solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis.
Ese trámite concluyó en agosto de ese año sin acuerdo entre las partes. En mayo de 2025, se firmó un acuerdo homologado que incluyó la reorganización de turnos y la consideración transitoria de ciertos conceptos salariales como no remunerativos. En octubre, la empresa pidió su prórroga alegando un agravamiento económico, pero no se presentó un nuevo acuerdo suscripto entre empresa y sindicato.
En el Ejecutivo sostienen que la conciliación les permitirá revisar en detalle la situación administrativa y laboral de la compañía. En Nación advierten que podrán requerir documentación respaldatoria sobre los despidos, la estructura de costos y las presentaciones previas vinculadas al Procedimiento Preventivo de Crisis y a los acuerdos de suspensión tramitados bajo la Ley de Contrato de Trabajo.
En la Casa Rosada argumentan que el objetivo es verificar si el cierre se ajusta plenamente a la normativa vigente y si se cumplieron todas las instancias formales antes de avanzar con la desvinculación masiva.
