Cancillería negó irregularidades en un contrato millonario con una entidad vinculada a la esposa de Sturzenegger
Desde el Gobierno aseguraron que la contratación para capacitaciones en inglés se realizó con todos los controles previstos, con intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, y descartaron cualquier conflicto de intereses.
La Cancillería negó la existencia de irregularidades en un contrato firmado con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para brindar capacitaciones en idioma inglés al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El acuerdo, por un monto de $114.044.133, fue cuestionado debido a que la entidad es dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger .
El canciller Pablo Quirno afirmó que "no hay absolutamente ninguna irregularidad" en la contratación y sostuvo que el procedimiento cumplió con todos los mecanismos de control y transparencia establecidos por la normativa vigente.
A través de una publicación en la red social X, Quirno explicó que la Cancillería contrata a la AACI desde 2018 para este tipo de capacitaciones. En este caso particular, indicó que, al existir un vínculo familiar entre la directora ejecutiva de la entidad y un ministro del gabinete nacional, se activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
"El expediente se tramitó de manera pública y transparente, con la participación de todos los organismos de control correspondientes" , señaló el canciller, y agregó que la documentación se encuentra publicada en los sistemas oficiales, lo que permite verificar el cumplimiento de cada una de las instancias administrativas.
La contratación fue realizada mediante una adjudicación simple por especialidad y formalizada a través del sistema COMPR.AR. El contrato tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un período equivalente, y se enmarca en un expediente administrativo que, según el Gobierno, fue revisado de manera integral por los organismos de control.
Desde el entorno de Sturzenegger, su vocero indicó que el informe de la Oficina Anticorrupción incorporado al expediente concluye que "no hubo ni hay irregularidad alguna" en el proceso de adjudicación.
Las aclaraciones oficiales se produjeron luego de que la senadora nacional Juliana Di Tullio anunciara que presentará una denuncia judicial por presuntas irregularidades en el contrato. No obstante, desde el Ejecutivo remarcaron que el procedimiento se ajustó estrictamente a la normativa vigente y descartaron la existencia de conflictos de intereses o anomalías administrativas.
