Consejos y Colegios de Abogados respaldan el sistema de mandatos y a sus consejeros
En medio de la polémica por fiscalías vacantes y denuncias cruzadas, colegios de abogados difundieron un documento en defensa de sus representantes y del sistema institucional utilizado en la sesión cuestionada.
Un fuerte debate se generó en el ámbito del Consejo de la Magistratura del Chaco tras la decisión de declarar desiertos los concursos para las fiscalías penales Nº 1 y Nº 5 de Presidencia Roque Sáenz Peña.
En ese contexto, distintos colegios y consejos profesionales de la abogacía difundieron un posicionamiento institucional vinculado al fiscal provisorio César Collado, luego de la denuncia presentada por el abogado Cristian Arana.
Collado denunció "serias irregularidades" durante el proceso de evaluación, e incluso aseguró que uno de los postulantes habría ingresado a rendir con el examen ya resuelto. En ese marco, la decisión de declarar desiertos los concursos generó fuertes repercusiones en el ámbito judicial, con reclamos, presentaciones formales y pedidos de revisión que profundizaron la polémica institucional.
Asimismo, en medio de la controversia y de las denuncias cruzadas que surgieron tras el proceso de concursos judiciales, distintos colegios y consejos profesionales de la abogacía difundieron un posicionamiento institucional en el que ratificaron el accionar de sus representantes y defendieron el sistema de decisiones adoptado dentro del organismo. En el documento conjunto, las entidades remarcaron la "plena vigencia y actualidad de los acuerdos interinstitucionales" que regulan la participación de la abogacía en los procesos de selección y destacaron que se trata de una construcción democrática destinada a "garantizar una representación equilibrada, federal y genuina".
Asimismo, los colegios manifestaron de manera expresa su acompañamiento a la actuación de los consejeros que intervinieron en la sesión cuestionada, al señalar que su proceder se desarrolló "en un accionar armónico y coherente con los compromisos asumidos por las instituciones de la abogacía organizada", subrayando además que las decisiones adoptadas respondieron al mandato otorgado por las entidades profesionales de cada circunscripción.
El pronunciamiento también incluyó un fuerte respaldo institucional frente a las críticas públicas surgidas en torno al conflicto, al expresar "el más enérgico repudio frente a cualquier ataque, descalificación, presión o amenaza" contra quienes integran el órgano judicial en representación de la abogacía. En ese marco, las entidades llamaron a encauzar las diferencias mediante canales formales y a sostener el respeto mutuo como base para preservar la convivencia institucional y la calidad democrática del sistema.
