Venezuela: Delcy Rodríguez anunció una amnistía general y el cierre del penal del Helicoide en Caracas

Delcy Rodríguez anunció el envío urgente a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley de amnistía general que abarcaría hechos vinculados a la violencia política desde 1999 hasta la actualidad. El anuncio se realizó durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y fue transmitido por la señal estatal Venezolana de Televisión. 

Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro durante una incursión militar de Estados Unidos, sostuvo que la medida busca "reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, y reencauzar la convivencia entre los venezolanos". También pidió a los detenidos y excarcelados que no prevalezcan "la venganza, la revancha ni el odio".

Según adelantó, la amnistía no alcanzará a personas procesadas o condenadas por homicidio, narcotráfico, corrupción ni violaciones graves a los derechos humanos. El texto completo del proyecto aún no fue publicado, por lo que se desconocen los criterios específicos de aplicación.

El anuncio se da en paralelo a un proceso de liberaciones iniciado el 8 de enero que avanza con lentitud. De acuerdo con la ONG Foro Penal, actualmente hay 711 presos por motivos políticos. Desde el comienzo de la nueva gestión se excarceló a 302 personas, aunque la organización advierte que más de 11.000 ciudadanos continúan con restricciones arbitrarias de su libertad, como medidas cautelares o procesos judiciales abiertos. 

En el mismo acto, la presidenta ordenó el cierre definitivo de la cárcel de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. El edificio fue señalado durante años por organismos internacionales y por la oposición como un centro de detención donde se practicaron torturas. Rodríguez indicó que será reconvertido en un complejo "social, deportivo, cultural y comercial" destinado a la familia policial y a comunidades cercanas.

El reclamo por una amnistía amplia no es nuevo. Organizaciones como Surgentes, el Comité de Madres por la Verdad, Foro Penal y Provea vienen exigiendo desde hace años la liberación de quienes consideran presos políticos. Días antes del anuncio oficial habían presentado una propuesta que incluía a militantes sociales, periodistas, militares y activistas perseguidos tras las movilizaciones postelectorales.

Venezuela registra antecedentes dispares en esta materia. En 2007, Hugo Chávez promulgó una amnistía para implicados en el golpe de Estado de 2002. En 2016, la Asamblea Nacional aprobó otra ley similar que fue declarada inconstitucional por el TSJ. En 2020, Maduro firmó 110 indultos antes de las elecciones legislativas, en una medida cuestionada por su alcance limitado. El Gobierno, además, ha negado reiteradamente la existencia de presos políticos y sostiene que las detenciones responden a delitos vinculados al terrorismo.

Las organizaciones de derechos humanos recibieron la nueva iniciativa con cautela. Reclaman que la liberación de detenidos no dependa de decisiones discrecionales ni sea presentada "como un acto de clemencia, sino como la restitución de derechos fundamentales", y exigen garantías que impidan nuevas detenciones arbitrarias.

La discusión legislativa quedará ahora en manos de una Asamblea Nacional de mayoría oficialista, mientras entidades locales e internacionales mantienen el monitoreo sobre el alcance real de la medida y sus condiciones de implementación.