Margarita Belén: eliminan conexiones ilegales de energía en viviendas usurpadas
Las autoridades desmantelaron enganches clandestinos de energía en un complejo ocupado de manera irregular en la localidad, donde viviendas usurpadas fueron conectadas de forma ilegal a la red eléctrica, generando graves riesgos para la seguridad y afectando el servicio en la zona.
Un operativo de control permitió detectar y eliminar conexiones clandestinas de energía eléctrica en un complejo habitacional en construcción que fue ocupado de manera irregular en la localidad de Margarita Belén. Las instalaciones precarias representaban un serio riesgo para la seguridad de las personas y afectaban el normal funcionamiento del sistema eléctrico en la zona.
Se trata del segundo procedimiento realizado en el lugar, debido a la reiteración de tendidos ilegales y a la persistencia de conexiones improvisadas que ponían en peligro tanto a quienes las utilizaban como a otros usuarios del servicio. Durante los controles se desmantelaron enganches directos a la red, cableados informales y enlaces sin ningún tipo de protección ni condiciones técnicas mínimas.
El predio donde Secheep detectó las conexiones corresponde a una obra que permanece bajo posesión legal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y que nunca fue habilitada para uso habitacional. A pesar de ello, las unidades fueron ocupadas y entregadas a familias, en lo que fue denunciado como una usurpación de un bien público.
El proyecto, que presenta cerca de un 50% de avance de obra, forma parte del programa Casa Activa y fue diseñado como un Centro de Día y residencia para adultos mayores, con 32 unidades habitacionales, espacios comunes, áreas de atención médica y sectores destinados a actividades recreativas y físicas. No se trata de un barrio de viviendas familiares, sino de un dispositivo de contención integral para adultos mayores de Margarita Belén y localidades cercanas.
Desde el IPDUV se advirtió que la ocupación del predio altera el destino original de la obra, compromete su continuidad y genera un perjuicio directo al Estado provincial y a la comunidad, en especial a los adultos mayores que debían ser los beneficiarios del proyecto una vez finalizado. La denuncia señala que la entrega del inmueble se habría realizado sin autorización legal y fuera de toda normativa vigente.
En ese marco, el Gobierno provincial anticipó que avanzará con acciones administrativas y legales para recuperar el predio y retomar la obra, cuyo presupuesto estimado para su finalización asciende a 1.600 millones de pesos. También se confirmó que el contrato de obra continúa vigente, lo que permitiría reactivar los trabajos una vez resuelta la situación.
Las autoridades remarcaron que las conexiones ilegales no solo constituyen un delito, sino que implican riesgos graves como incendios, electrocuciones y fallas en el suministro eléctrico , además de generar desigualdad entre los usuarios que cumplen con las normas y quienes acceden al servicio de forma clandestina.
