Margarita Belén: el intendente rechazó la denuncia por usurpación y justificó la entrega de viviendas
Se cruzaron por el predio donde el Municipio asegura que actuó conforme a la ordenanza vigente, que preveía la reversión del predio si la obra del programa Casa Activa no se finalizaba en el plazo establecido.
El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, salió a responder a las acusaciones formuladas por el Gobierno provincial y el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), que denunciaron una "usurpación de un complejo habitacional en construcción destinado originalmente a adultos mayores", en el marco del programa Casa Propia – Casa Activa.
Desde el Municipio sostienen que no existió usurpación ni entrega irregular de viviendas, sino el cumplimiento estricto de lo establecido por la normativa vigente, particularmente la Ordenanza N.º 1457/22, que donó con cargo el terreno al IPDUV, y que fijó un plazo máximo de dos años para la finalización de la obra, condición que —según Martínez— no fue cumplida.
El eje de la controversia: el vencimiento del plazo
El proyecto Casa Activa contemplaba la construcción de 32 viviendas con un Centro de Día para adultos mayores, bajo un modelo habitacional pionero en América Latina, orientado a una vejez activa, cuidada y en comunidad. Las unidades debían ser entregadas en comodato a personas mayores de 60 años sin acceso a crédito hipotecario, con espacios comunes para actividades educativas, deportivas y recreativas, además de atención socio-terapéutica a cargo del PAMI.
En ese marco, el Concejo Municipal de Margarita Belén aprobó por unanimidad la donación con cargo de un terreno municipal —identificado como Circunscripción I, Sección "A", Manzana 129 (actual Manzana 171), Parcelas 3 y 4— a favor del IPDUV, con infraestructura adecuada para el proyecto.
Sin embargo, el artículo 4° de la ordenanza estableció con claridad una condición resolutoria: si la obra no se finalizaba en el plazo de dos años, la donación quedaba sin efecto y el inmueble debía restituirse automáticamente al municipio , junto con las mejoras existentes.
Ante el incumplimiento de ese plazo y con la obra con un avance aproximado del 50%, el intendente Javier Martínez dictó una Resolución de Intendencia ad referéndum del Concejo Municipal, mediante la cual revocó formalmente la donación, tomó posesión del inmueble y dispuso su resguardo municipal, para luego entregarlas como viviendas a distinto vecinos.
Según indicó el municipio, la decisión "se adoptó en un contexto en el que el Concejo se encontraba en receso, y que una espera administrativa hubiera significado dilatar innecesariamente una situación jurídica ya resuelta por la normativa vigente".
La acusación del Gobierno Provincial
El conflicto escaló públicamente luego de que el Gobierno provincial denunciara la ocupación ilegal del predio y la supuesta entrega de unidades sin autorización , calificando el hecho como una usurpación de un bien público. Desde el IPDUV señalaron que la obra nunca fue transferida al municipio ni habilitada para uso habitacional, y advirtieron que la intervención alteró el destino original del proyecto, pensado como un dispositivo integral para adultos mayores.
Además, remarcaron que la continuidad de la obra podría verse comprometida y que la situación genera un perjuicio tanto al Estado provincial como a los potenciales beneficiarios del programa.
La postura municipal
Desde la Municipalidad de Margarita Belén rechazan esas afirmaciones y sostienen que la posesión legal del inmueble volvió al municipio de pleno derecho, al cumplirse la condición prevista en la ordenanza. En ese marco, aseguran que "cualquier acusación de usurpación carece de sustento jurídico y que las decisiones adoptadas se encuadran en las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipios".
