Ajuste del gasto: fuertes recortes en salud, educación y obra pública, con suba en Inteligencia
Un informe del Centro de Economía Política Argentina advierte que la ejecución presupuestaria nacional de 2025 registró una caída real del 29% frente a 2023.

La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional durante 2025 mostró una fuerte contracción del gasto real, con una caída interanual del 29% respecto de 2023. Así lo señala un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza el desempeño del presupuesto nacional a diciembre del año pasado y advierte sobre el impacto del ajuste en áreas sensibles del Estado.
Según el relevamiento, el recorte fue generalizado y afectó a la mayoría de los ministerios, organismos descentralizados y programas sociales, productivos y de infraestructura. En contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de la Presidencia de la Nación, registró un incremento del 52% en su ejecución en comparación con 2023, convirtiéndose en una de las pocas áreas con crecimiento real del gasto.
El informe también destaca que los Servicios de la Deuda Pública representaron el 8% del gasto total, manteniendo un peso significativo dentro de la estructura presupuestaria, aun en un contexto de fuerte contracción del resto de las partidas.

Salud, ciencia y educación, entre los sectores más afectados
En el área de salud, CEPA identificó recortes severos en múltiples organismos y programas. La Superintendencia de Servicios de Salud registró una caída del 72%, mientras que los hospitales nacionales sufrieron ajustes que oscilaron entre el 20% y el 42% . El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte tuvo una reducción del 38%, el Instituto Malbrán del 26% y la ANMAT del 25%. La única excepción fue el INCUCAI, que mostró un incremento del 24%.
Los programas sanitarios presentan un panorama aún más crítico: Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles registraron una ejecución prácticamente nula (-100%), al igual que otros vinculados a patologías específicas y enfermedades endémicas. El único programa con variación positiva fue Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, con una suba del 5%.
En el sistema científico y tecnológico, los recortes también fueron generalizados. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cayó un 82%, el CONICET un 32%, el Servicio Meteorológico Nacional un 34% y la CONAE un 19% , entre otros organismos afectados.
La educación no escapó al ajuste. Programas clave como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron una ejecución del 0%, mientras que Becas y Gestión Estudiantil cayó un 78% , Acciones de Formación Docente un 75% y el desarrollo de la educación superior un 29%.

Obra pública, desarrollo social y transferencias
El informe señala que la obra pública fue uno de los sectores más golpeados, con caídas que van del 74% al 100% . Entre los programas con mayor retroceso figuran Infraestructura en Municipios (-100%), Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación (-98%), Construcción de Túneles y Puentes (-95%) y Desarrollo de Obra Pública (-93,5%).
En desarrollo social, se registraron recortes casi totales en Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social (-100%), Apoyo a la Primera Infancia (-90%) y Comedores Comunitarios y Merenderos (-52%). La ANSES mostró una reducción del 5%, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el INAES cayeron un 73% .
Las transferencias del Tesoro Nacional a provincias y municipios también se redujeron de forma drástica. La asistencia financiera a municipios y provincias cayó un 100%, mientras que el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires dejó de ejecutarse por completo.
Un escenario de preocupación
En sus conclusiones, CEPA advierte que la magnitud del ajuste presupuestario compromete la continuidad de políticas públicas esenciales en salud, educación, ciencia, desarrollo social, transporte y obra pública. En paralelo, el aumento del gasto en Inteligencia plantea interrogantes sobre las prioridades del Estado en un contexto económico y social adverso.
El informe sostiene que el escenario actual configura un cambio profundo en el rol del Estado nacional, con una reducción significativa de su capacidad de intervención en áreas estratégicas y de impacto directo sobre la población.
