Aída Ayala, absuelta: el tribunal cuestionó la "facilidad" con la que fue acusada y la falta de pruebas

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia dio a conocer el martes los fundamentos de la sentencia que absolvió a la exsecretaria de Asuntos Municipales de la Nación, Aída Ayala, en el juicio por presunto fraude en perjuicio de la administración pública. La causa giraba en torno a un subsidio de casi un millón de pesos otorgado al municipio de Quitilipi en 2016, destinado a la compra de herramientas y maquinarias.

Según el tribunal, la acusación contra Ayala y otros tres imputados, que eran Matías Balmaceda Paiva, Miguel Ángel Vilte y Claudio Tolosa, se realizó con una "facilidad" que no se condice con los estándares jurídicos exigibles, y careció de pruebas concluyentes.  En particular, los jueces Juan Manuel Iglesias y Fabián Cardozo remarcaron que no se presentaron pericias técnicas que validaran la existencia de sobreprecios en las cotizaciones ni se acreditó que los acusados hubieran influido en la elección del proveedor.

La Fiscalía sostenía que los fondos públicos habrían sido direccionados irregularmente hacia la empresa Service Hogar, propiedad de Tolosa, con participación de los funcionarios nacionales y municipales. Sin embargo, el fallo consideró que no había elementos objetivos que probaran esa hipótesis. "Sostener la magnitud cargosa en Ayala, Balmaceda Paiva y Vilte implica una labor creativa que hasta aquí no pueden responder los estándares jurídicos para la tipificación penal propuesta", afirmaron los jueces.

Por el contrario, el tribunal destacó que fue el entonces intendente de Quitilipi, Sergio Carlos Casalboni, quien presentó directamente la cotización de la empresa sin seguir los procedimientos establecidos. Aunque su accionar generó observaciones administrativas, no se lo acusó penalmente y la causa contra él fue extinguida por prescripción, debido a que el delito de abuso de autoridad que se le imputaba tiene una pena máxima de dos años y el último acto procesal ocurrió en 2021.

Además, calificaron como "un ejercicio mental bastante forzado" el intento del fiscal de vincular esta causa con otra investigación, el caso PIMP, en la que Ayala también fue imputada durante su gestión como intendenta de Resistencia.

A pesar del fallo absolutorio, el fiscal general ante el TOF, Federico Carniel, ya anticipó que apelará la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.