YPF: Argentina le exige a la Justicia de EE.UU. sostener la suspensión del fallo de Preska

El Gobierno argentino presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York un extenso descargo para sostener la suspensión de la entrega de acciones de YPF, medida que había sido ordenada por la jueza Loretta Preska en el marco de las demandas Petersen/Eton Park y Bainbridge. La presentación busca que el tribunal superior mantenga la interrupción de la ejecución del fallo mientras se resuelve la apelación de fondo.

El documento, difundido parcialmente por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto en el caso, contiene duros cuestionamientos a la resolución de Preska. Según la argumentación argentina, su fallo contradice criterios previos de la Justicia norteamericana e incluso la postura del propio Departamento de Justicia de EE.UU., que apoyó la posición argentina.

En ese sentido, se advierte que ejecutar la orden de entrega de las acciones sin una suspensión "causaría un daño irreparable a la República", dado que resultaría prácticamente imposible revertir la transferencia una vez concretada. Además, se alertó que una medida en ese sentido podría generar un conflicto diplomático con implicancias en la política exterior.

El Gobierno planteó que otorgar la suspensión solo implicaría "una demora moderada", considerando que el proceso de apelación avanza bajo un cronograma acelerado.

En el caso Petersen/Eton Park, la Argentina subrayó varios puntos clave:

• La orden de Preska vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero, reconocida por el propio Gobierno de EE.UU.
• Contradice la Ley de Inmunidades Soberanas de EE.UU., ya que las acciones de YPF se encuentran en territorio argentino, no fueron usadas para actividades comerciales en EE.UU. ni están vinculadas a la base de la demanda.
• Viola principios de cortesía internacional ("comity") al exigir a la República incumplir su propia legislación interna.
• Los demandantes no demostraron perjuicio por la suspensión, ya que la ley argentina impide la venta de acciones sin la aprobación de dos tercios del Congreso.
• Tampoco acreditaron que la República no sufriría daño irreparable si la orden se ejecuta, ya que la pérdida de las acciones implicaría la pérdida del control estatal sobre la principal empresa energética del país, un perjuicio irreversible.
• La suspensión favorece el interés público, ya que evitaría afectar a YPF, a sus accionistas y al pueblo argentino, además de preservar las relaciones bilaterales y evitar represalias judiciales contra EE.UU. en el extranjero, tal como advirtió el propio Gobierno estadounidense.

Respecto del caso Bainbridge, la presentación de la República sostiene que:

• La actora no justificó la necesidad de una garantía, dado que la legislación argentina ya garantiza el mantenimiento del statu quo.
• No demostró perjuicio alguno si se suspende la entrega de las acciones.
• Tampoco acreditó que la Argentina no enfrentaría un daño irreparable en caso de ejecutar la orden, ya que la pérdida de las acciones sería irreversible.

Con estos descargos, la Corte de Apelaciones deberá decidir en los próximos días si concede la suspensión solicitada por Argentina mientras se resuelve la apelación, con o sin garantía, o si mantiene vigente la orden de Preska con efecto inmediato.

Desde la Procuración del Tesoro remarcaron que el Gobierno nacional "continuará defendiendo los intereses de la República con firmeza jurídica y pleno respeto por la soberanía, en contraste con la desidia de quienes nos llevaron a enfrentar esta situación".