El Gobierno apelará un fallo que obliga a Argentina a pagar US$716 millones
La disputa se originó tras la pesificación de contratos en la represa Alicurá. Nación buscará anular la sentencia para evitar el pago a la empresa AES Corporation.
El Gobierno nacional se prepara para presentar una apelación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferendos relativos a Inversiones (CIADI), tras el fallo que obliga a la Argentina a indemnizar con US$716 millones a la empresa AES Corporation. La disputa se remonta a la salida de la convertibilidad, cuando el Estado argentino pesificó los contratos de concesión de la represa Alicurá, ubicada sobre el río Limay, entre Neuquén y Río Negro.
La decisión de avanzar por la vía de la anulación fue confirmada por fuentes de la Procuración del Tesoro, encabezada por Santiago Castro Videla, que señalaron que esta es la estrategia judicial habitual del Ejecutivo en los litigios internacionales: dilatar los procesos para abrir márgenes de negociación. "No tenemos plata para pagar y tampoco nos vamos a endeudar", expresaron desde el oficialismo.
Según el procedimiento del CIADI, Argentina tiene un plazo de 120 días desde la emisión del laudo, que fue dictado el 31 de mayo de 2025, para presentar el pedido de nulidad. El recurso puede basarse en diversos motivos: desde irregularidades en la conformación del tribunal, exceso de facultades, violaciones al procedimiento o incluso eventuales hechos de corrupción.
La solicitud de anulación, si es aceptada, suspende la ejecución del fallo hasta que se conforme una comisión especial que revisará el caso. De ser anulado, las partes pueden volver a presentar su reclamo ante un nuevo tribunal arbitral.
Mientras tanto, en la Casa Rosada analizan la posibilidad de ofrecer un esquema de pago progresivo, pero solo en caso de que el CIADI rechace el pedido de anulación . También fue descartada una alternativa que circuló en los últimos días: cancelar la deuda sin cobrar el nuevo canon de concesión si AES volvía a participar en la licitación por Alicurá. Desde Balcarce 50 también evalúan avanzar en la privatización de otras tres represas ubicadas en la región del Comahue.
El conflicto judicial comenzó cuando la empresa AES acusó al Estado argentino de violar el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos en 2002, al modificar las condiciones contractuales que establecían ingresos en dólares. Además, denunció el congelamiento de tarifas eléctricas durante años. El reclamo original ascendía a US$1.814 millones, y con intereses acumulados, la cifra podía superar los US$2.500 millones.
Este no es el único litigio internacional que enfrenta Argentina. En paralelo, la Procuración pidió esta semana suspender la ejecución de la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska en Nueva York, que ordena al país a pagar US$16.100 millones más intereses por la expropiación de YPF .
Además, el país fue condenado recientemente a pagar US$147 millones a la empresa Webuild por el congelamiento de tarifas de peaje en el puente Rosario-Victoria, y la Corte Suprema del Reino Unido mantiene firme un fallo por US$1.500 millones en la causa del "Cupón PBI".
Argentina enfrenta así un complejo escenario judicial en el exterior, con varias condenas que impactan en su ya limitada capacidad de financiamiento y que obligan al Gobierno a desplegar estrategias legales para ganar tiempo y evitar nuevas erogaciones.
