La figura legal del femicidio: ¿Qué es y por qué se debate su vigencia?
La legislación busca dejar en evidencia las motivaciones que llevan a estos crímenes y reconocer distintas modalidades. Una de las principales es la que contempla el vínculo entre la víctima y el agresor, incluyendo casos donde el femicida es la pareja o expareja de la mujer asesinada.

En el marco del Día Internacional de la Mujer , marchas y manifestaciones recorrerán el país con diversas consignas, entre ellas, la defensa de la figura penal del femicidio y con la consigna "Los femicidios sí existen", en respuesta a la propuesta del presidente Javier Milei de eliminarla del Código penal.
En enero pasado, el presidente Javier Milei participó del Foro Económico Mundial de Davos, donde criticó la figura legal del femicidio: "Llegamos al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre".
¿Qué es la figura legal del femicidio?
El femicidio es un crimen que se enmarca en un contexto de violencia de género y que, a pesar de no estar expresamente mencionado en la legislación argentina, cuenta con un reconocimiento legal a partir de la reforma del artículo 80º del Código Penal.
La modificación introducida por la Ley 26.791, sancionada en 2012, incorporó agravantes específicos para los homicidios motivados por razones de género, estableciendo penas de prisión perpetua.
La legislación busca dejar en evidencia las motivaciones que llevan a estos crímenes y reconocer distintas modalidades. Una de las principales es la que contempla el vínculo entre la víctima y el agresor, incluyendo casos donde el femicida es la pareja o expareja de la mujer asesinada.
"En la práctica, lo que hace es captar los femicidios más comunes, porque el 80% de las mujeres que mueren a manos de un hombre, generalmente, el que lo perpetra es la pareja o la expareja", explica Mariana Villarreal, becaria del Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad (Idejus).
Otra forma de femicidio que contempla la normativa es aquella en la que el crimen se comete con el objetivo de causar daño psicológico a la mujer, como cuando un hombre asesina a sus hijos.
A su vez, la legislación también abarca crímenes de odio vinculados al género, la orientación sexual y la identidad de género. Un caso emblemático en este sentido es el de Tehuel de La Torre, el joven trans desaparecido en 2021, que marcó un precedente en el país con el reconocimiento de la figura del transhomicidio, definida como el homicidio motivado por el odio a la identidad de un varón trans.
En este sentido, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) señala que los femicidios "refundan y perpetúan los patrones que culturalmente han sido asignados a las mujeres", asociados a la subordinación y la debilidad, mientras que la masculinidad sigue ligada a la fortaleza física y al control sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres.
Más allá de la sanción penal, Villarreal advierte que la prevención debe abordarse desde una perspectiva más amplia: "La prevención no puede basarse sólo en la penalización, porque llega tarde, pero es necesario reconocer que estos actos, que antes eran considerados problemas del ámbito privado, deben ser tratados como cuestiones públicas y de interés legal".
El origen del término
Si bien el término "femicidio" comenzó a utilizarse en el ámbito judicial en las últimas décadas, su origen se remonta a 1976, cuando la feminista Diana Russell lo definió como "el asesinato de mujeres a manos de hombres, debido a que son mujeres". Desde entonces, su uso ha tenido un fuerte componente político y social, con el objetivo de visibilizar la opresión, la desigualdad y la violencia estructural que enfrentan las mujeres.
Para las organizaciones feministas, el reconocimiento del femicidio dentro del Código Penal argentino es un paso fundamental en la lucha contra la violencia de género, pero el debate sigue abierto: el cambio estructural que erradique la violencia machista requiere transformaciones sociales, culturales y políticas que vayan más allá del castigo judicial.
