Contrataciones y gastos: el Gobierno impone controles a las universidades en plena crisis
Los decretos 1091 y 1092 establecen restricciones a las contrataciones directas y digitalizan los procesos en las universidades nacionales, en medio de un contexto de recortes presupuestarios y tensiones por la autonomía.
En un contexto de fuertes tensiones con las universidades nacionales por el recorte de fondos, el Gobierno nacional publicó los Decretos 1091/2024 y 1092/2024, que imponen nuevas restricciones y requisitos en los procesos de contratación de estas instituciones.
Las medidas, que buscan aumentar la transparencia y eficiencia en el manejo de recursos públicos, generaron un profundo malestar en el ámbito universitario, que denuncia un intento de limitar su autonomía.
Nuevas reglas para las contrataciones
El Decreto 1091/2024 modifica el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, restringiendo los casos en los que las universidades pueden celebrar contrataciones directas con el Estado Nacional.
Según el texto, esta modalidad se había utilizado de manera "indiscriminada", contradiciendo su carácter excepcional. En consecuencia, se eliminó la posibilidad de realizar contratos directos con universidades salvo en situaciones específicas y justificadas.
Por su parte, el Decreto 1092/2024 establece la obligatoriedad de utilizar los sistemas electrónicos de contratación "COMPR.AR" y "CONTRAT.AR" en todas las adquisiciones de bienes, servicios y obras públicas realizadas por las universidades nacionales. Según el Gobierno, esta medida busca garantizar mayor transparencia, accesibilidad y control digital de las contrataciones.
Crece la tensión con las universidades
A lo largo del año, las universidades nacionales fueron protagonistas de un conflicto creciente por la reducción de sus presupuestos, lo que afectó el funcionamiento de proyectos de investigación, programas de extensión y servicios esenciales. Ante este panorama, la implementación de estas medidas se percibe como un nuevo obstáculo para su gestión.
En declaraciones a medios de comunicación, el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, advirtió que "hay incertidumbre por el financiamiento del 2025".
En 2024 las universidades sufrieron un recorte cercano al 33%. Ese desfinanciamiento impactó con "particular dramatismo" en los salarios, como había denunciado el CIN. Ahora, "si seguimos con los mismos valores, estaremos abajo otro 270%", estimó por su parte Alpa.
El argumento oficial
El Gobierno defiende ambas medidas como necesarias para combatir el uso inadecuado de los recursos públicos y garantizar procesos de contratación más abiertos y competitivos.
Además, el decreto 1091 justifica las restricciones señalando que, entre 2022 y 2023, se celebraron más de 2.000 convenios entre el Estado y las universidades nacionales. Según la administración, esta cifra evidencia un uso excesivo de mecanismos excepcionales, lo que motivó el cambio normativo.
Mientras tanto, el Gobierno instruyó a la Oficina Nacional de Contrataciones a coordinar la implementación de los sistemas electrónicos en todas las universidades. Se espera que en las próximas semanas se lleven a cabo reuniones entre representantes del CIN y autoridades nacionales para discutir las dificultades de adaptación y posibles ajustes en los plazos.
