Piden a la Justicia investigar quién financia al cura Javier Olivera Ravasi

La diputada nacional Lourdes Arrieta (La Libertad Avanza) pidió a la Justicia que investigue las fuentes de financiamiento de las actividades del religioso Javier Olivera Ravasi, encargado de coordinar la visita de legisladores oficialistas a condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza.

Arrieta publicó una serie de documentos en los que exhibió a un grupo de empresas que, presuntamente, financian al religioso.

Además, reveló los distintos proyectos para buscar la liberación de represores condenados por la Justicia y aseguró que la quieren expulsar del bloque de La Libertad Avanza "por decir la verdad". 

En sus posteos en la red social X (ex Twitter), Arrieta difundió una serie de chats sobre la visita de los diputados a genocidas, además de proyectos de ley y un decreto presidencial con el que se buscaba liberar a una serie de exmilitares y condenados por asesinatos, torturas y violaciones.

Uno de los documentos proponía la libertad de aquellos genocidas que se encuentren detenidos habiendo superado un plazo de 25 años desde la comisión del delito.

Arrieta también detalló que hubo una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para coordinar el encuentro con los encarcelados.

¿Quién es Javier Olivera Ravasi?

El cura de 47 años se caracteriza por su perfil ultraconservador y se posicionó como responsable de un proyecto de ley que busca otorgar prisión domiciliaria a los detenidos de lesa humanidad.

Es hijo mayor del exmilitar Jorge Olivera, conocido como "El Carnicero de San Juan", apodado así por su participación en las mesas de tortura de distintos centros clandestinos de detención y condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar cometidos en esa provincia; y de Marta Ravasi, expsicóloga del Hospital Militar y de la Univeridad Nacional de San Juan, sospechada de ser informante del Ejército.

Olivera (padre) permaneció prófugo durante cuatro años tras fugarse en 2017 del Hospital Militar Central del barrio de Palermo.

El religioso es promotor de lo que llama la "contra-revolución cultural", oponiéndose a las visiones de género, la comunidad LGBTIQ, la interrupción voluntaria del embarazo y criticando abiertamente la visión progresista, incluso dentro de la Iglesia Católica.

La visita a represores

El encuentro fue impulsado por Olivera Ravasi y organizado por el legislador Beltrán Benedit, de Entre Ríos. Lo acompañaron sus pares Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci.

Los legisladores libertarios visitaron y se fotografiaron con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Guillermo "Pajarito" Suárez Mason, Gerardo Arráez, Adolfo Donda, Manuel Juan Cordero Piacentini, Julio César Argüello, Miguel Britos, Mario Marcote y Honorio Martínez Ruiz; todos condenados por delitos de lesa humanidad.

Arráez está condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo ABO; Adolfo Donda fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA; Cordero Piacentini fue condenado a 25 años de prisión por los secuestros de once ciudadanos uruguayos durante el Plan Cóndor.

Argüello fue condenado a prisión perpetua por más de 80 casos de homicidio, secuestro y tortura, entre ellos, el de Claudia Falcone en la conocida como "noche de los lápices"; Martínez Ruiz fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino "Automotores Orletti".

Miguel Britos, condenado a perpetua por el homicidio calificado de Eduardo Edelmiro Ruvial y la privación de la libertad agravada de Adriana Claudia Marandet, en el circuito ABO; Mario Marcote, condenado a 17 años de prisión por privación ilegal de la libertad, tormentos y violaciones; junto a Alfredo Astiz, responsabe del secuestro, tortura y asesinato en los vuelos de la muerte de varios ciudadanos argentinos y de las monjas francesas. Cuenta con dos prisiones perpetuas.

Alfredo Astiz, conocido como el "ángel exterminador", cumple condena a prisión perpetua por secuestros, torturas y asesinatos. Entre sus víctimas están tres Madres de Plaza de Mayo que en 1977 buscaban a sus hijos desaparecidos; también las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.

Astiz fue conocido por infiltrarse en un grupo de familiares que denunciaban desapariciones forzadas. Se hacía pasar por el hermano de un desaparecido bajo el nombre de Gustavo Niño mientras reportaba información al grupo de tareas que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Fue el encargado de organizar el secuestro y desaparición de doce activistas que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz. Entre ellos, estaban las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, así como las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet junto con otros familiares y amigos. Los doce fueron llevados a la ESMA y arrojados al mar en un vuelo de la muerte el 14 de diciembre de 1977.

Raúl Guglielminetti, alias "El Mayor Guastavino" se desempeñó como agente del Centro Clandestino de Detención "Automotores Orletti", donde aplicó torturas a los detenidos y llegó a ser custodia del presidente Raúl Alfonsín gracias a una maniobra de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que lo había infiltrado.

Durante la última dictadura cívico militar, Guglielminetti perteneció al Grupo de Tareas que tenía su base en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, relacionado con operaciones del Plan Cóndor y bajo el mando de Aníbal Gordon. A partir de 1978, condujo el Grupo de Tareas Exterior (GTE), que organizó la colaboración del régimen militar argentino en la denominada Operación Charly. Además, integró la denominada "Banda de Aníbal Gordon", por lo que fue relacionado con el secuestro y asesinato del empresario y banquero Osvaldo Sivak en 1985.

En septiembre de 2016, Guglielminetti también recibió una condena de ocho años de prisión por su participación en delitos aberrantes en el centro de detención "La Escuelita", ubicado en la provincia de Neuquén.

Carlos Guillermo "Pajarito" Suárez Mason está condenado a prisión perpetua por delitos cometidos durante la última dictadura militar cuando actuaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Fue jefe del Primer Cuerpo de Ejército y responsable del funcionamiento de más de 60 Centros Clandestinos de Detención y Tortura. Se lo acusó formalmente -entre otras muchas cosas – de más de doscientos secuestros, treinta homicidios y apropiación de hijos de desaparecidos.