Una por una, las empresas que va a privatizar el gobierno nacional
Se trata de ocho firmas actualmente administradas por el Estado que pasarán a manos privadas.
Este lunes el Gobierno nacional reglamentó el primer tramo de la Ley Bases, a través del Decreto 695/2024 publicado en el Boletín Oficial. La norma establece una serie de modificaciones, entre ellas, la privatización de ocho empresas administradas por el Estado en la actualidad.
El documento se divide en cuatro capítulos: Reorganización Administrativa, Procedimientos Administrativos, Empleo Público y Privatización. Es en este último apartado en el que figuran las empresas públicas que pasarán a manos privadas.
¿Qué empresas serán privatizadas?
Las empresas a ser privatizadas son: Energía Argentina (ENARSA), Intercargo, AySa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA) y Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
¿Cómo será el proceso de privatización?
Según el decreto, el ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicción se encuentre la compañía o sociedad a privatizar deberá elevar al Ejecutivo un informe en el que se detalle la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización.
Ese informe deberá incluir aspectos claves como el carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento; las alternativas de procedimiento que se consideren adecuadas al caso; la o las modalidades de las enunciadas que se entiendan convenientes para materializar la privatización; y el procedimiento de selección que se prevea utilizar.
Además, deberán figurar los plazos estimados para cada una de las etapas del procedimiento de privatización; y la eventual propuesta para el otorgamiento de las preferencias a las que se refiere el artículo 16 de la Ley Nº23.696 y la aplicabilidad, en el caso que corresponda, de un Programa de Propiedad Participada, especificando las clases de sujetos adquirentes y proporción del capital accionario comprendido en el programa.
Una copia de ese informe deberá ser enviada a la Comisión Bicameral creada en el ámbito del Congreso para avanzar con el proceso. Y cuando el Ejecutivo otorgue la autorización correspondiente, el funcionario podrá iniciar los procedimientos tendientes a la privatización.
