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A 45 días de la desaparición

El lunes habrá dos declaraciones por el caso Loan

La jueza Cristina Pozzer Penzo tomará las declaraciones del chófer de Laudelina Peña y el vice intendente de 9 de Julio. 

El lunes habrá dos declaraciones por la desaparición de Loan Danilo Peña. La jueza Cristina Pozzer Penzo, tomará las declaraciones de Agustín Ibarra, chófer que trasladó a Laudelina Peña, tía de Loan, y también a José Luis González, quien se desempeña como intendente de la localidad de 9 de Julio.

Ambos testimonios se producirán tras haberse cumplido los 45 días de la desaparición del menor de edad y por la cual se desplegó una búsqueda a nivel internacional.

Según dijo Laudelina Peña, junto a ella se movilizaba el abogado José Fernández y el vehículo sería propiedad de Diego Pellegrini, senador de Corrientes. Dentro del motorizado, se habría producido una serie de amenazas para que la tía de Loan brinde una declaración en la cual especificaba un "homicidio accidental", en el cual Carlos Pérez y María Caillava atropellaron al menor.

Por su parte, el vice intendente de 9 de Julio, fue llamado a prestar testimonio por unas huellas del niño que fueron vistas junto a un botín en un campo cercano.

También, en las últimas horas, se confirmó la puesta en libertad del expolicia Francisco Amado Méndez, que había sido detenido el 17 de julio. Fue el Juzgado Federal de Goya el que dictaminó que no existían suficientes pruebas en contra de Méndez para implicarlo en la causa por sustracción y ocultamiento. Del mismo modo, será seguido de cerca en futuras investigaciones.

Respecto a la protección de los menores detectados al momento de la desaparición de Loan, la justicia dio lugar a la solicitud de Rosana Marini y prohibió la exposición de imágenes e identidad de aquellos cinco niños, luego de que se filtraran las imágenes de uno de ellos tras su declaración ante la Cámara Gesell.

Por último, la solicitud de indagatoria a José Fernández y el allanamiento a su domicilio, pedidos por Fernando Burlando, fueron rechazados. La magistrada Pozzer Penzo describió que no había el grado de sospecha necesario para aceptar esas acciones legales.